Por orden de la Justicia Federal, hace más de tres años se exhumaron 57 esqueletos innominados del sector del cementerio conocido como Cuadro 54. Las inspecciones se realizaron en el marco de la causa abierta por la denuncia efectuada por el presidente de Cruzada Peronista, Enrique Romero.
De esos restos, sólo en dos casos se pudo establecer un alto grado de certeza en la determinación de la identidad, luego de las pesquisas llevadas a cabo en Estados Unidos y en Córdoba con pruebas de histocompatibilidad con parientes directos, realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Si bien aún falta que el juez federal subrogante, Daniel Bejas, firme el fallo al respecto para cerrar el plano burocrático legal, los resultados que constan en los expedientes no dejan lugar a dudas y los familiares de los hasta ahora desaparecidos ya fueron notificados.
El informe presentado por el EAAF advirtió que el terreno en el Cuadro 54 estaba en estado de abandono y desuso en 2006, y que allí se había arrojado gran cantidad de basura, cajas metálicas de reducciones de cadáveres, ramas y hasta baldes. Sin embargo, se pudo realizar la excavación.
Las víctimas
Según lo determinado en la investigación, Aguirre fue detenido por efectivos militares al mediodía del 12 de junio de 1976, en Las Piedras 710, junto a Margarita Azize Weiss. Dos días después, el comando del III Cuerpo del Ejército afirmó que ambos, a quienes mencionó como miembros de Montoneros, habían muerto durante un enfrentamiento. Cuando se retiró el cadáver de la fosa, se encontró cerca una bala de alto calibre, la que presumiblemente le causó la muerte.
Por su muerte está procesado Antonio Domingo Bussi, estado que fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones. El tribunal debe resolver la situación de los otros imputados por Bejas: Albino Mario Alberto Zimmerman, Alberto Luis Cattáneo, Roberto Heriberto Albornoz y Luciano Benjamín Menéndez, todos acusados de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio triplemente calificado, que configuran el delito internacional de genocidio.
El cuerpo fue identificado por el perfil de ADN con la sangre de sus hijas Liana Cecilia y Laura Leticia Aguirre, con lo cual se pudo ratificar el vínculo biológico. Además, los restos confirmaron que la víctima sufría una anomalía ósea llamada displasia fibrosa poliostótica, coincidente con los visibles problemas físicos de Aguirre.
En la Conadep
El caso Ernst se transformó recientemente en un expediente judicial. Su desaparición había sido denunciada ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero no se había abierto causa penal alguna hasta el momento en que a sus familiares, que viven en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (de donde era oriundo), se les informó la identidad del cuerpo exhumado, determinada con la comparación con la sangre de su hijo, Federico Ernst Webb.
Al igual que en el caso Aguirre, el Ejército anunció públicamente la muerte de Ernst, en un documento del 17 de agosto de 1976. En el comunicado oficial, lo identificó como Guillermo Hertes, con el alias Fernando Miliki dentro de la organización Montoneros, y lo sindicó como el cabecilla del grupo operativo que hizo explotar el Hércules C-130 de la Gendarmería Nacional en agosto de 1975, en el aeropuerto tucumano. También aseguró que el militante había participado en el copamiento de un avión en Formosa para facilitar la huída de quienes intentaron infructuosamente copar el regimiento de Infantería de Monte 29 (Formosa), en octubre de ese mismo año.
Fuente/ lagaceta.com.ar
