La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, había iniciado una investigación, el 7 de abril de 2010, a partir de una denuncia del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) que había detectado avisos clasificados publicados en el diario Clarín para reclutar mujeres para trabajar en un prostíbulo de esa provincia del sur del país.
Paralelamente, el 20 de marzo de ese mismo año, una mujer denunció en una comisaría de la ciudad de Rosario, Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia a trabajar y le había enviado un mensaje de texto en el que la advertía a su madre de una situación sospechosa.
La Fiscalía pudo establecer que no solamente esa mujer sería víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que había otras que también habrían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para explotarlas en el prostíbulo Black and White.
El aviso publicado en el diario Clarín el 4 de octubre de 2009 se refería a la búsqueda de "señoritas para cabarets en Ushuaia" con un teléfono para comunicarse.
A partir de ese momento, la Procuraduría dispuso una investigación preliminar ya que consideraron que podía tratarse de una oferta laboral engañosa, informó fiscales.gob.ar.
Cuando Protex advirtió que ambas causas podrían ser parte de la misma organización criminal envió su investigación preliminar a la Fiscalía Federal de Ushuaia para unificarlas y solicitó una serie de medidas para colaborar en el caso.
De esta manera se pudo establecer que la banda contaba con una página web que recibía una gran cantidad de visitas diarias y donde se publicitaban los "servicios" que ofrecía el prostíbulo, con el detalle de la cantidad de mujeres de diferentes partes del país que se podían "elegir".
Colombo consideró que había indicios suficientes para considerarlo un caso de trata de personas y aportó nuevos elementos probatorios como escuchas telefónicas y la constatación, a través de información de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual, de otros cuatro avisos publicados en el mismo diario entre diciembre de 2011 y enero de 2012.
Fue así que el 27 de abril de 2012 se realizaron cinco allanamientos, tanto en el prostíbulo como en los domicilios particulares de los imputados y el lugar donde eran alojadas las víctimas, oportunidad donde se secuestraron importantes sumas de dinero, un arma de fuego y medicamentos.
El 15 de mayo de ese mismo año, el juez Federico Calvete dictó el procesamiento de los seis imputados y el 3 de octubre el representante del Ministerio Público solicitó el requerimiento de elevación a juicio, firmado por el fiscal ad hoc Fernando Pedro Rota.
Los avisos infringen el decreto presidencial 936, vigente desde 2011, que prohíbe anuncios que promuevan la oferta sexual de manera explícita o implícita.
Fuente: Télam
