El informe 9.11.02 de la AGCBA analiza el período cuando la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, era ministra de Desarrollo Social y, por lo tanto, la máxima responsable del programa Andares, concluyendo que no procuró los profesionales, la infraestructura y el presupuesto necesarios para llevar a cabo su tarea.
Durante el año auditado el área sólo alcanzó el 27 por ciento de sus metas programadas, es decir, asistieron a 90 chicos y adolescentes mientras que presupuestariamente estaba proyectado atender a 350.
El informe observa además que "la oficina en la sede de la calle Piedras 1.281, no es adecuada para el desarrollo de las tareas debido a que no poseen espacios divididos. Hay 16 trabajadores en el mismo lugar, afectando la privacidad con la que deberían contar" para realizar las entrevistas a las víctimas.
También señala que en el lapso relevado el programa contaba con muy pocos profesionales, no tenía mantenimiento edilicio y faltaban recursos de todo tipo.
La entonces coordinadora del área sostuvo que "el personal es insuficiente en cuanto a la cantidad de profesionales para cubrir la demanda y el alcance de las intervenciones".
También manifestó que hay un sólo abogado en el equipo que "no patrocina casos", cuando contar con este servicio es imprescindible para proteger y defender a las víctimas que intentan escapar de las redes mafiosas de la trata de personas.
Durante 2012 la Dirección General -que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad- impidió el acceso de la AGCBA a los dos refugios para mujeres víctimas de trata y violencia familiar, argumentando que un equipo de auditoria podría afectar su intimidad, señaló el organismo.
La Auditoría cuestionó que "no parecieron evaluar lo mismo ante la visita de la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley y gran parte de su gabinete, quienes, como fue reproducido por distintos medios de comunicación, se fotografiaron junto a los profesionales y víctimas de dichos refugios, exponiéndolos".
Fuente: Télam
