Durante más de dos horas, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Estofán, coordinó una reunión de la que participaron diferentes áreas que tienen vinculación con el Servicio Penitenciario -perteneciente al Poder Ejecutivo-, especialistas en estupefacientes y en adicciones y otros funcionarios. Según explicó el titular del máximo tribunal, ambos Poderes desarrollarán tareas que permitan combatir el alto índice de consumo y tráfico de sustancias ilegales dentro de las prisiones de la provincia. "La reunión ha dado un muy buen resultado. Cada uno de los factores que tenemos injerencia en el tema hemos escuchado propuestas", explicó Estofán tras el cónclave.
Dura realidad
El encuentro llevado a cabo ayer a la mañana en el Salón de Acuerdos de la Corte es la primera respuesta oficial a la problemática del consumo y tráfico de drogas dentro de las cárceles. Esta situación tomó estado público en octubre, luego de que LA GACETA diera a conocer una investigación llevada a cabo por la sala II de la Cámara Penal. En agosto de 2008, los vocales Emilio Herrera Molina y Alfredo Piedrabuena notaron durante entrevistas que mantenían con algunos reos que estos evidenciaban signos de haber consumido sustancias ilegales. Por ello, ordenaron que los 114 presos de Villa Urquiza a cargo suyo fueran sometidos a exámenes médicos para constatar cuál era la situación. El resultado de los estudios, llevados a cabo por la Secretaría de Adicciones, fue alarmante: el 65% de los internos había consumido marihuana, combinada muchas veces con cocaína, psicofármacos e, incluso, morfina. En diciembre, los camaristas les enviaron copias del informe a la Corte, a la Justicia Federal y al ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera. Además, los jueces le pidieron explicaciones de la situación al director del penal, Roberto Guyot, quien respondió el oficio diciendo que la probable vía de ingreso de la droga a la cárcel era responsabilidad de los familiares de los presos. Sin embargo, los magistrados afirmaron en una entrevista con LA GACETA que varios reos les adjudicaron el tráfico a los guardias.
Desde octubre, personal penitenciario arrestó a 23 internos con drogas en su poder, la mayoría de ellos en Villa Urquiza. Solamente uno de los sospechosos fue imputado por la Justicia Federal de comercialización agravada. No hay informes oficiales de que familiares de reos hayan sido detenidos por esta causa durante días de visita en estas últimas semanas.
En este marco, Estofán emitió la semana pasada una resolución de presidencia convocando a funcionarios del Poder Judicial y del Ejecutivo a fin de analizar integralmente la problemática.
Proyecto
Además del presidente del máximo tribunal participaron del cónclave el vocal Antonio Gandur (quien trabajó durante el último tramo de su presidencia en un proyecto de acordada sobre este tema); el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella (en representación de López Herrera); el director de Institutos Penales, Guyot; el Secretario de Prevención y Asistencia a las adicciones, Alfredo Miroli; el ministro fiscal, Luis De Mitri; el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin; el juez Piedrabuena; el jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía, comisario Fabián Salvatore; y especialistas del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.
Desde las 11 hasta las 13, los funcionarios debatieron -a puertas cerradas- la problemática. Según explicó Estofán, se expuso la situación, se detalló cómo se está trabajando y se escucharon propuestas para tratar de impedir que continúe el consumo de drogas en la cárcel. "Todos los que intervinieron han agradecido la reunión", señaló.
Según trascendió, los representantes del Ejecutivo afirmaron que ya están poniendo en marcha distintos planes de vigilancia, como así también de tratamiento para adictos. Sin embargo, dijeron, los resultados no se verán en corto plazo. "Nos mantendremos informados sobre los diferentes trabajos. La idea es volver a reunirnos nuevamente, pero todavía no hay fecha fija", finalizó Estofán.
Fuente/ LA GACETA
