También, que ellas "son consideradas co-imputadas junto a los agresores por los abusos sexuales de sus hijos o hijas menores de edad o en delitos contra su integridad física".
El OVG está trabajando con la Defensoría Oficial en la causa donde se imputa a Celina Benítez por la muerte de su hija de un año y 11 meses, quien presentaba "huellas de abuso sexual y lesiones en todo el cuerpo", recordó el informe del ente.
Por el hecho, primero fue detenido Luis Carlos Alonzo, pareja de la mujer, ya que la niña estaba a su cuidado mientras ella trabajaba fuera de la casa.
Luego, imputaron a Benítez, de 22 años, por "abandono de persona". La fiscal interviniente, es Carolina Carballido Calatayud, titular de la Unidad Especializada en Violencia de Género de Derqui, departamento Judicial de San Isidro.
Carballido Calatayud ya había imputado a Yanina González, una joven veinteañera que convive con una discapacidad mental, quien había pasado un año presa por la muerte de su hija Luzmila, de 2 años.
Si bien el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Isidro consideró en marzo último que González era inocente, la fiscal apeló ante la Cámara de Casación bonaerense, que esta semana confirmó el fallo absolutorio.
El accionar de Carballido Calatayud provocó que, en mayo último, distintas organizaciones sociales presentaran un pedido de informe ante la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, Carmen Falbo.
Allí solicitaron a la funcionaria que "dé cuenta de cuáles son los procedimientos y mecanismos destinados "a garantizar la idoneidad y probada experiencia en la lucha contra la violencia de género" de las personas que se han designado al frente de las Fiscalías especializadas en Violencia de Género en la provincia.
Ahora se suma la detención de Marizda Bejarano, que fue imputada por tentativa de homicidio de su hijo, junto con el padre del niño. Ella relató que fue violada reiteradamente por el hombre y espera el debate oral para el 13 de octubre próximo.
Ante estas realidades, la Defensoría del Pueblo consideró que "se evidencia la mirada discriminatoria de la actuación judicial, tanto por las deficiencias en la estructura del proceso penal como por la falta de capacitación de los operadores desde una perspectiva de género".
Coincidiendo con el pedido hecho por las ONGs por el accionar de Carballido Calatayud, la Defensoría y el OVG hicieron una serie de recomendaciones a las Fiscalías especializadas.
Así, recordaron que "una historia de violencia puede resultar relevante para la defensa de las mujeres acusadas de cometer delitos" y pidieron que, en ese sentido, las Defensorías Oficiales del fuero Penal "cuenten con lineamientos generales de actuación dictados por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires".
Este criterio "permite entender las modalidades de actuación de los agresores frente a las y los hijos de la pareja, como un ámbito más de extensión de su poder y de la dominación que ejercen a través de ellos sobre las mujeres a las cuales ya vienen sometiendo", señala el informe.
También consideraron que "es necesario impulsar la creación de Defensorías Oficiales especializadas para mujeres en el marco de las causas penales, cuando son víctimas de delitos relacionados con la violencia de género".
Fuente: Télam
