La mujer embarazada a raíz de los abusos sufridos durante su cautiverio, estuvo internada en el hospital Ramos Mejía desde donde salió la información sobre su situación, la cual fue confirmada en una cena con empresarios por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.
Al conocerse que se le practicaría un aborto no punible, la organización Pro Vida inició procesos judiciales para impedir la práctica médica, y la mujer sufrió persecuciones en el mismo hospital y en su entorno familiar.
"Frente al estado público que tomaron los hechos -aún cuando no se divulgó el nombre de la víctima- no hay dudas que la privacidad fue vulnerada", aseguró la Defensoría.
Y agregó que "la garantía de protección y cuidado de la información sobre la salud y privacidad pesa sobre el Hospital desde donde se debe poner el esfuerzo para lograr los recursos materiales y culturales para proteger a las pacientes".
María Julia Giorgelli, jefe de denuncias del Centro de Protección de Datos Personales (CDPP) del organismo, contó a Télam que "confirmamos que el hospital no resguarda los datos personales de las personas internadas, a cuyas historias clínicas tiene acceso casi todo el personal".
Por eso, la Defensoría solicitó al director del Ramos Mejía, Eduardo Roberto Seoane, que "arbitre los medios necesarios a efectos que se garantice la protección de los datos sensibles de los y las pacientes atendidos en ese nosocomio".
También que "se garantice la realización de las prácticas médicas en los casos encuadrados en el artículo 86 del Código Penal de la Nación", en referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en marzo del año pasado, confirmó que las víctimas de violación pueden practicarse abortos sin intervención judicial.
La Defensoría también pidió a la ministra de Salud de la CABA, Graciela Mabel Reybaud que dé a conocer el dictamen a todos los centros de Salud y Atención Comunitaria, y a los hospitales dependientes de ese Ministerio.
"Hoy comenzamos a enviar la resolución, y según la ley Nº 3, tienen 10 días, para responder a esta Defensoría", explicó Giorgelli.
El documento también definió que se remitirá copia a las comisiones legislativas de Salud y de la Mujer, como también al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 7, a cargo del Raúl Juan Emilio García, donde se tramita la causa Nº 31.345/12 por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tanto el protocolo de actuación ante abortos no punibles, como la falta de cuidado en el caso de la mujer asistida en el Ramos Mejía y la judicialización de la interrupción de su embarazo, provocaron renuncias en el gabinete porteño y una denuncia contra Macri, todas situaciones que se están definiendo en distintos fueros, incluida, la Corte Suprema.
Fuente: Télam
