Fue el juez subrogante del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 5 de la Ciudad, Darío Reynoso, quien dispuso el 28 de agosto pasado elevar el monto de las "astreintes" impuestas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares.
La sentencia ordenaba a la administración porteña dar a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia -impulsora de una acción de amparo por acceso a la información pública- "la información vinculada con los certificados de obras finales y parciales de cada una de las obras de infraestructura escolar realizadas durante cada uno de los años del período 2005-2011".
La Administración podía optar por suministrar "a la parte actora acceso a los documentos, archivos o expedientes en que se encuentren los datos requeridos para que proceda a su relevamiento en la medida de su interés".
La Asociación se amparó en la Ley Nº104 de Acceso a la Información Pública, y pidió que el Ministerio de Educación porteño brinde la información sobre las obras en las escuelas de forma completa, veraz y adecuada, situación que no se cumplió.
El juez Reynoso intimó entonces al Gobierno a que otorgue la información en los términos de la sentencia, e impuso una sanción forzosa de 100 pesos por cada día de retraso en la respuesta.
"Ante la inobservancia, reitérese la intimación", dispuso el magistrado, ordenando "hacer efectivo el apercibimiento".
El juez también resolvió que la sanción económica se incremente a 150 pesos por cada día de retardo en brindar la información requerida en el amparo y ordenada por el tribunal.
Las astreintes se encuentran establecidas en el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Se trata de sanciones en dinero, obligatorias y progresivas, con el fin de que las partes cumplan el mandato de los jueces, y cuyo importe es a favor del titular del derecho que fuera afectado.
Fuente: Télam
