En el fallo, la magistrada encomienda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires "que extreme los recaudos de seguridad, adoptando las medidas pertinentes" frente a la puesta en marcha de las nuevas instalaciones "las cuales deberán ser informadas al juzgado en un plazo de tres días".
En el escrito, Bodart mencionaba un relevamiento elaborado por delegados y representantes de la Asociación Gremial de Transporte Subte y Premetro respecto de las condiciones de salubridad e higiene de las instalaciones de la estación y su cochera-taller.
Allí, sostenía que "se evidencian filtraciones en paredes y techos del vestíbulo Roosevelt, llegando incluso a afectar tableros eléctricos. Las filtraciones también se dan por igual del lado del vestíbulo Monroe. Alguna refacción cosmética de último momento en las zonas visibles al público usuario no resuelve, desde ya, el conjunto de problemas estructurales".
En lo que respecta a la cochera-taller, la cual se encuentra unos 700 metros más allá de la estación prolongando la traza de la línea B bajo la avenida Triunvirato, el informe remarca que "las condiciones edilicias atentan contra la seguridad, la salubridad e higiene de los trabajadores del subte".
No obstante, la jueza porteña concluyó que la presentación de Bodart "no aportó argumentos sólidos, con respaldo probatorio, que permitan afirmar, prima facie, que la decisión de proceder a la inauguración de la estación Rosas sea ilegítima o irrazonable; ni se ha acreditado la concurrencia simultánea de la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora y no frustración del interés público".
Indica también que "en el escrito, han señalado diversos tipos de deficiencias edilicias que tendría la estación ´Juan Manual de Rosas´ y su cochera taller, las cuales -a su criterio- impedirían su puesta en funcionamiento. Sin embargo, la extensa nómina de supuestas irregularidades denunciadas, por la forma en que han sido puestas en conocimiento del tribunal, no pueden considerarse siquiera mínimamente acreditadas".
La magistrada, además, resalta la postura adoptada por el Gobierno de la Ciudad, a través de Subterráneos de Buenos Aires, de presentar una nota en la cual afirma que "no existe ningún riesgo cierto para la integridad física y la vida de los usuarios y trabajadores del subte", y la cual acompañó, según precisó Mólica Lourido, con 125 fotografías de los sitios denunciados certificadas por escribano público.
Fuente: Télam
