Catamarca
Viernes 19 de Abril de 2024
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La objeción de conciencia toma la discusión sobre el aborto terapéutico en Chile

Un día después de que la presidenta chilena Michelle Bachelet firmara el proyecto que enviará al Congreso para despenalizar el aborto por causales de violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre, el rector de la Universidad Católica (UC), Ignacio Sánchez, afirmó que ninguno de los médicos de la Red de Salud UC podrá interrumpir un embarazo y abrió el debate sobre la objeción de conciencia.
El proyecto es una de las promesas de campaña de Bachelet y de ser aprobado por el Congreso, que comenzará a discutirlo en marzo, le sacará a Chile el mote de tener una de las legislaciones más restrictivas del mundo en esta materia, ya que considera punible el aborto en cualquier caso.

El proyecto tuvo el apoyo del oficialista Nueva Mayoría pero los detractores no tardaron en levantar la voz.

"En la UC no se hará abortos, nuestros principios y valores no van a cambiar por un proyecto de ley", afirmó el rector Sánchez.
La Red de Salud UC es la red de atención médica privada más grande del país y es parte de Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, una de las escuelas de medicina más importantes del país, junto la de la Universidad de Chile.

Con la apelación a la objeción de conciencia, los sectores conservadores y católicos chilenos buscan evitar los abortos terapéuticos en el país.

El proyecto presentado por Bachelet incluye la posibilidad de que los médicos apelen a esa figura para no llevar adelante los abortos, pero estipula para esos casos que cada centro de salud cambie al médico en cuestión.

En respuesta al rector de la Universidad Católica, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, expresó que "no porque estemos en febrero (mes que los chilenos en su mayoría toman vacaciones) tenemos que hacer declaraciones destempladas. Creo que la invitación de la presidenta Bachelet es que tengamos un diálogo maduro, respetuoso, tolerante, que esto sea una debate a la altura de lo que el país pide, y ese debe ser el centro de la discusión".

En la misma línea, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, expresó que la objeción de conciencia "es personal" y en ningún caso puede ser institucional.

"En la ley que se ha presentado existe la posibilidad de que el médico decida no realizarlo (al aborto). Pero la obligación del médico y de cualquier institución es derivar a esa persona a otro lugar. Porque si es que se aprueba finalmente las posibilidades de realizar interrupción del embarazo en las tres líneas (violación, inviabilidad fetal y riesgo de vida de la madre) que hemos señalado, va a ser finalmente obligatoria para todos", expresó Gómez.

Por su parte, el presidente del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, expresó que "el proyecto que despenaliza el aborto en tres causales se transformará en ley lo antes posible y todos tendremos que cumplirla, incluido el señor Ignacio Sánchez".

Fulvio Rossi, el senador del PS que se convertirá en presidente de la comisión de Salud del Senado en marzo próximo, afirmó que "el Estado tiene derecho a exigir que la ley, en un Estado de Derecho, se cumpla y eso no excluye a las clínicas privadas o a un hospital público".

La prohibición del aborto terapéutico en Chile data de la dictadura de Augusto Pinochet, cuando en la Constitución de 1980 se cambió el marco jurídico que estaba vigente en esta materia desde 1931.

Desde el regreso a la democracia, en 1990, han sido varios los intentos para despenalizar el aborto terapéutico, pero ninguno tuvo mayoría ni en el Congreso ni en los partidos de centro izquierda, hasta este año.

Expertos coincidieron en que el proyecto tiene una alta posibilidad de convertirse en ley ya que la Nueva Mayoría gobernante ha demostrado su capacidad para promover iniciativas importantes, como la reforma tributaria y la del sistema binominal, la primera parte de la reforma educativa y el Acuerdo de Unión Civil, que eran importantes ejes de campaña de Bachelet.

Chile, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano son los únicos seis países del mundo donde está penalizado el aborto terapéutico.

El tema del aborto había aparecido con fuerza en la opinión pública en la primera semana de enero, cuando la hasta entonces ministra de Salud, Helia Molina declaró que "en todas las clínicas cuicas (adineradas) de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas".

La titular de Salud criticaba así la postura de los grupos políticos y sociales más conservadores, al apuntar contra la hipocresía de "las personas que con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos".

Fuente: Télam

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