“Hay ciertos límites que no se deben superar. Uno puede entender, aunque no lo comparta, que existan intereses políticos, económicos y una serie de motivaciones que impulsen este tipo de programas. Quienes ocupan cargos públicos saben que están expuestos a estas situaciones, pero involucrar a una criatura que no tiene nada que ver es imperdonable”, señaló el funcionario.
“Lanata no sólo expuso a una menor ante millones de personas, sino que se burló de ella preguntando si tenía un cargo. Es una actitud repulsiva y va más allá de cualquier posicionamiento ideológico. El resto de las estupideces que dijo corren por su cuenta, los catamarqueños saben quién es la Gobernadora y qué es lo que hace. Pero al involucrar a una niña en la basura que le prepararon como informe cometió un grave error”, aseguró González.
Recordó luego que “en nuestro país tiene vigencia la ley de integral de los Derechos de la Infancia (26.061), la Ley de Medios de Radiodifusión y la Convención de los Derechos de los Niños, y allí se establece que los medios y quien sea responsable de las notas pueden ser denunciados penalmente si violan derechos al nombrarlos, mostrar una imagen, divulgar información sobre ellos que los exponga; y es exactamente lo que se va a hacer”.
González es el representante catamarqueño en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), organismo que pertenece al AFSCA. Precisamente la Autoridades Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual impone como una obligación establecida por el artículo 71 de la Ley N° 26.522, velar por el cumplimiento de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes; en cuanto establece en su artículo 22 la prohibición de exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a niñas, niños y adolescentes en el territorio de la República Argentina, a través de cualquier medio de comunicación o publicación contra su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de aquellos, o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
