El Secretario Administrativo, contador Héctor Perea, a su turno, dio otros detalles de las diligencias administrativas que se está llevando adelante, "a partir de la nota enviada por la Administración General de Juegos y Seguros con fecha 3 de mayo del corriente año, donde reinicia el trámite para la determinación de la deuda existente desde 1997 y reconocida por las entonces autoridades de la Cámara y la Administración General de Juegos y Seguros, ratificándose el convenio suscripto a través de un decreto de la Cámara en el que se deja establecido que se trata de una deuda indeterminada, porque todavía faltaba determinar el monto final de lo que correspondía al período que va entre enero y octubre de 1995, instancia que hoy lo ha retomado la Administración General de Juegos y Seguros y estamos en trámite administrativo de determinarlo fehacientemente, ya que el monto de los cuarenta y ocho mil pesos es una determinación unilateral que hace la Administración General de Juegos y Seguros".
El tema, cabe apuntar, había surgido por sugerencia de la diputada Silvia Moreta(PJ), al considerar importante que se le informe al pleno de la Cámara detalles de esta cuestión, sin dejar de tener en cuenta las aclaraciones respectivas que ya se habían realizado por todos los medios escritos, orales y televisivos.
Por su lado, el diputado Oscar Vera(PJ) estimó que era oportuno el momento para retrotraerse a una supuesta deuda de la Cámara con la Administración Federal de Ingresos Públicos(AFIP), pese a que en su momento esta cuestión ya había sido cerrada a través de una resolución firmada por el propio jefe de la Agencia Catamarca del organismo recaudador, contador Alberto Rubén Rodríguez, al constatar que se había tratado de un error. Perea, de todos modos se ocupó de relatarle al legislador que, oportunamente, fue recibida una nota refrendada por el coordinador ejecutivo de la oficina previsional del ministerio de Hacienda y Finanzas, Edgardo Arias Maidana dirigida al director de Tesorería de Diputados, contador Miguel Barcat, en la que se dejaba constancia "que los conceptos reclamados, promoviendo ejecución fiscal por parte de la AFIP-Agencia Catamarca, fueron declarados y cancelados en tiempo y forma, conforme lo establece el convenio de transferencia del sistema previsional y la resolución general 4207"
La nota de referencia sigue diciendo que "asimismo, en reiteradas ocasiones, esta oficina presentó los descargos y efectuó las gestiones para que la AFIP-DGI, a través de su agencia local, desistiera de las intimaciones de este tenor por carecer de legitimidad, y que fuera reconocido puntualmente por este organismo. No obstante, en este caso particular, ante las gestión realizada, han respondido que se ha instruido al agente fiscal, doctor (Jorge) Brizuela Gerez, que desista de las medidas adoptadas en vías de ejecución fiscal y además el archivo definitivo de las actuaciones, circunstancias de las cuales se ha requerido que la autoridad competente emita constancia fehaciente de las medidas adoptadas".
Seguidamente expresa el documento que "por todo lo expuesto, se deja aclarado que no corresponden las medidas de ejecución, que se gestionó su desistimiento y que de inmediato se emita la constancia de archivo de la causa y se notificara a esa Cámara".
Perea
blandió otra nota, refrendada por el titular de la AFIP-Agencia Catamarca, contador Alberto Rubén Rodríguez, dirigida al agente fiscal doctor Jorge Brizuela Gerez, la cual manifiesta que "en virtud de no corresponder el reclamo de los conceptos e importes incluidos en el certificado de deuda del asunto, instruyo desistir de las acciones judiciales iniciadas sin corresponder reclamo de intereses, honorarios, gastos y costas".
