En referencia a la judicialización, manifestó que lo harán porque no tienen garantías reales de que las viviendas queden bien reparadas, y porque se sienten "manoseados" por lo que el Instituto Provincial de la Vivienda está haciendo con las cuotas.
Por último, explicó que realizarán un acuerdo con la empresa con la intervención de un escribano público, ya que por lo sucedido sienten una "gran desconfianza".