“Es muy fácil hablar de rescisión de contratos, pero primero hay que evaluar las consecuencias, por ello acompañamos la decisión del Poder Ejecutivo de continuidad del contrato, porque se ha elegido una vía económicamente menos onerosa”, recalcaron.
El presidente del directorio, Augusto César Acuña, estuvo acompañado por Luis Lobo Vergara(vocal), Sergio Díaz(asesor legal) y Fernando Fernández, que está a cargo de la Dirección de Tarifas y Costos.
Al requerírseles su opinión sobre si la experiencia ha sido buena o mala, Acuña dijo que “el contrato es similar a todas las provincias, es más o menos el mismo modelo; creo que no se tuvo en cuenta el consumo. Hay otras cosas que, producto de la experiencia, se puede corregir en al ley de fondo, por ejemplo en la quema de artefactos el trámite es muy engorroso y la modificación que se puede introducir es que primero le paguen al usuario y después el organismo litigue en función de los intereses del usuario”.
La auditoría externa, los controles que le corresponde realizar al En.Re y las sanciones aplicadas por el organismo, fueron los asuntos centrales que ocuparon la atención de los legisladores. “Sí, hay un contador contratado y documentación requerida a EDECAT, que no fue enviada y por ello se aplicaron las sanciones correspondientes”, dijo Acuña acerca del primero de los puntos referidos, ante la pregunta de la presidenta de la bicameral, María Julia Acosta de Ahumada(Diputados Justicialistas).
Tras opinar que el gobierno emprendió una “difícil negociación para arribar a este acuerdo”, hizo notar que en la audiencia pública que se llevó a cabo “hicimos observaciones y reclamamos que la autoridad de aplicación por ley le corresponde al En.Re, que es el que debe controlar la ejecución del contrato, y no la subsecretaría de Servicios Públicos”.
Aludiendo a “la crisis energética y una situación extrema y crítica que se preanuncia a escala nacional”, mencionó como “aspectos gravitantes a tener en cuenta la generación de energía, su transporte y posterior distribución”, y en ese esquema advirtió que Catamarca “va a tener que generar energía, como ya lo están haciendo casi todas las provincias del país”, reparó en que es necesario un plan energético provincial “ante el aumento de consumo, sobre todo por la explosión de emprendimientos productivos”, y consideró inexcusable superar las diferencias partidarias para “establecer coincidencias entre el gobierno, la oposición y las empresas con objetivos a largo plazo, y la energía puede transformarse en un ámbito convocante”.
En cuanto a la auditoría externa, asunto sobre el que los legisladores insistían, Lobo Vergara expresó que “la empresa tiene los plazos vencidos, y nuevamente fue sancionada por el En.Re por no acreditar en tiempo y forma la información sobre la aplicación de la devolución que fijó la resolución 076”.
“El resultado de la auditoría solicitada, determinará si la empresa cumplió o no con la devolución, y si no nos satisface estamos en condiciones de hacer nuestra propia auditoría”, adjuntó Acuña.
En materia de control de calidad y la tasa de fiscalización, inquietudes que también hicieron escuchar los parlamentarios, el presidente del directorio del ente esgrimió sobre lo primero que “hubo sanciones”, citando informes nacionales resaltó que Catamarca “ha sido uno de los órganos de contralor que más ha sancionado, y para el cobro de las mismas algunas van a los usuarios y sino a van a la vía judicial”, y precisó que “producto de la negociación, del grueso de las sanciones por calidad quedó el 10%”, en tanto Lobo Vergara consignó que “se informó al Poder Ejecutivo sobre los incumplimientos de la empresa, el incumplimiento de pautas contractuales, y las respectivas sanciones”. Y sobre lo segundo, Acuña comunicó que “es transferida a los costos de la empresa”. Y cuando le inquirieron por la postura del organismo frente a la prórroga o no de la concesión, contó que “le presentamos al Poder Ejecutivo como alternativa el nuevo llamado a licitación, pero haciendo una valoración de la voluminosa deuda del Estado con la concesionaria, había que medir los costos y consecuencias para el Estado resultando más perjudicial que una renegociación, por ello acompañamos la continuidad del contrato”.
En este tramo de la reunión, fue donde el vocal del directorio del Ente Regulador, reveló que los municipios “no están cumpliendo con el compromiso asumido, y siguen generando deuda”, especificando que “ya supera el $1.000.000 lo que nuevamente están debiendo los municipios, luego del saneamiento que de la deuda anterior les hizo el gobierno provincial”.
Otra cuestión tratada fue la transferencia de acciones en EDECAT, Acuña contestó que “las personas físicas pueden cambiar, pero la jurídica siguen siendo la misma, no puede cambiar. El paquete mayoritario con el 51% está inmovilizado y no hay ninguna posibilidad de venta; está prohibido por ley”.
Acerca de los transformadores de PCB, los directivos del En.Re señalaron que “se ha iniciado una tarea de sustitución, y por ley en el 2010 ya deben ser eliminados en todo el país”.
