Antes de su exposición en el encuentro, Calzada Mazzei explicó a Télam que "la ley se sustenta en tres aspectos: el sanitario, el de los derechos y el de la seguridad".
"En referencia al tema sanitario entendemos que el usuario problemático de drogas es una persona que necesita atención y cuidados del Estado, y que bajo ningún concepto puede ser criminalizado", sostuvo.
En relación a los derechos individuales precisó que "existe una contradicción ya que si bien el consumo es legal porque se trata de un acto privado, existe una penalización en la forma de adquisición de ese objeto, ya sea la compra, venta o cultivo".
"Pero desde el Estado nosotros sumamos una mirada más global que tiene que ver con lo económico y con la seguridad -sostuvo- la actividad genera inmensas masas de dinero, no por el costo de la producción sino por lo que cuesta hacerlo llegar a los mercados, que queda en manos de organizaciones criminales, que no tienen problemas en adulterar las sustancias, en venderle a menores".
Es por esta causa que desde el gobierno uruguayo consideraron que "la única forma que tiene el Estado de luchar contra el narcotráfico es quitándole la base de sustentación, es decir, arrancarle los aspectos económicos y la única manera que tenemos es regular un mercado que ya existe".
El funcionario detalló que el proyecto de ley propone que el Estado otorgue licencias para la producción, acopio, distribución y dispendio de la marihuana y que, de esta manera, se podrá controlar también la calidad del producto.
"Por supuesto que con esto sólo no alcanza -afirmó- hay que tener institucionalidad importante para dar atención a los usuarios y hay que tener institucionalidad en el sistema educativo para explicar e informar que la marihuana no es una sustancia inocua".
El funcionario advirtió que "la pedagogía del miedo" o los dicursos en contra del cannabis provocaron una reacción inversa en la población uruguaya que actualmente tiene una "bajísima percepción del riesgo de la marihuana".
"Esto es altamente peligroso porque no se tiene conciencia de que no se puede consumir esta sustancia y conducir o realizar ciertas actividades como usar una máquina o cocinar porque se pueden provocar accidentes graves", afirmó.
En referencia a las razones de regular el consumo de la marihuana y no de otras drogas, Calzada Mazzei aseguró: "Nosotros establecemos políticas según nuestra realidad. Hemos regulado los consumos de alcohol y tabaco, que tienen una prevalencia de más del 82% y del 33%, respectivamente, y ahora estamos intentando regular la marihuana que tiene una prevalencia del 14%".
Y continuó: "Tenemos una cantidad de sustancias que tienen un alto riesgo para la salud que se consumen de manera artesanal como hongos u otras plantas que no llegan al 0,5% y otras sustancias como la cocaína o el lcd que no llegan al 1%".
No obstante, señaló que "sí estamos teniendo un problema con el uso de drogas muy adulteradas como la pasta base de cocaína, el paco como le dicen aquí en Argentina. Esa sustancia hay que abordarla desde otra perspectiva porque estamos hablando de algo no apto para el consumo. El Estado no podría regular el paco porque sería un delito contra la salud pública".
"Algunos académicos piensan que en Uruguay se está generando un modelo; pero nosotros rechazamos eso porque se trata de una propuesta para un país que tiene un 1.750.000 potenciales consumidores, no tiene nada que ver con la realidad de Brasil o Argentina que son países que tienen otras complejidades", añadió.
Pese a que las cifras que manejan no son del todo exactas debido a que se trata de un mercado negro, el Estado uruguayo calcula que la marihuana mueve en el país alrededor de 40 millones de dólares anuales de los cuales, 30 millones se producen en Uruguay.
De sancionarse la ley, que podría ser tratada en 45 días por el Senado, el control del Estado sobre la actividad le reportaría un ingreso de entre 15 y 20 millones de dólares por años.
Fuente: Télam
