Catamarca
Miercoles 24 de Abril de 2024
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Piden indagatorias a una agencia de seguridad sospechada de falsear datos para usuarios de armas

El fiscal federal Federico Delgado solicitó que se indague a dos responsables de la empresa y también a tres profesionales que habrían falseado datos para obtener credenciales de legítimo usuario de armas de fuego y autorizaciones de portación.
En un dictamen de dos carillas, al que Télam tuvo acceso, Delgado le pidió al juez federal Julián Ercolini que se indague como imputados a Liliana María Esther López, presidenta de la firma Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada "que se dedica a prestar servicios de seguridad"; y a su secretario Miguel Ángel Spiccia.

El fiscal también quiere que se indague al médico Juan Carlos Melian, a la psicóloga Mariana Beatriz Salgado y al experto Ernesto Pascual Furchi quienes "habrían participado en la inserción de datos falsos en los certificados de "aptitud física", "aptitud psicológica" y en el "formulario de examen de idoneidad en el manejo de armas de fuego", de casi un centenar de personas.

La causa se inició por denuncia de la Unidad Fiscal de Investigaciones del Registro Nacional de Armas (UFI-RENAR), en el marco de una investigación "que tuvo su origen en una denuncia anónima", recordó el representante del ministerio público.

Según la investigación "en el período comprendido entre el 6 de enero de 2011 y el 23 de febrero de 2011, la cooperativa ´Cazadores Cooperativa de Trabajo Limitada´ (que se dedica a prestar servicios de seguridad), tramitó al menos 98 credenciales para su personal, en el Registro Nacional de Armas, mediante la presentación de documentación irregular".

Delgado puntualizó que "para que el RENAR haga entrega de una credencial de legítimo usuario de arma de fuego y autorización de su portación, la persona que lo solicita debe presentar un apto médico (certificado realizado por un profesional de la medicina), psicológico (certificado realizado por un psicólogo o un médico psiquiatra) y un apto de idoneidad en el manejo de armas de fuego (realizado por un instructor de tiro registrado en el RENAR)".

Según el dictamen de la UFI-RENAR los profesionales "habrían firmado esos aptos en blanco, sin entrevistarse con los miembros de la cooperativa a los cuales se les iba a expedir las credenciales de mención (esto quiere decir sin revisarlos físicamente ni psíquicamente, ni evaluarlos dentro de un polígono)" y "de esa manera, personal administrativo de la cooperativa completaba dichos certificados y los presentaba en el registro".

La pesquisa permitió demostrar, entre otras pruebas, que "la letra de los aptos era idéntica en casi todos los casos, la forma en que se completaban y sobre todo la gran cantidad de certificados médicos, psicológicos y de aptitud de tiro firmados en un mismo día".

Para el fiscal los profesionales "no pudieron haberlo hecho sin la participación de las autoridades de la Cooperativa Cazadores. Sobre el punto, la presidente a cargo de la misma era Liliana María Esther López y el Secretario era Miguel Ángel Spiccia".

Por otra parte, consultadas por Télam sobre este caso puntual, fuentes del RENAR afirmaron que se trabaja permanentemente junto con la Unidad Fiscal de Investigaciones para detectar y denunciar este tipo de situaciones.

Fuente: Télam

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