Según el informe de la Procuración General de Trata y Explotación de Personas, dependiente del Ministerio Público Fiscal, el fiscal pidió procesar a cinco personas en el marco de la causa.
Dos de ellas, acusadas de ser dueñas de los talleres donde se comprobó la explotación; el responsable del espacio religioso "Misión Universal", acusado de reclutar a los trabajadores; y otras dos mujeres, dueñas de las marcas "Lyess" y "Odas", cuyas prendas fueron halladas en los mencionados talleres.
La denuncia que originó la investigación refería a un taller textil, donde las jornadas se extendían de lunes a viernes de 7 a 22.30, por un sueldo de 600 pesos mensuales, y de donde el trabajador se podía retirar únicamente los fines de semana.
El allanamiento tuvo lugar el 18 de octubre de 2012 a tres locales de la calle Pergamino al 1400, en el barrio porteño de Floresta, donde se pudo determinar el funcionamiento de un taller textil manejado por tres de los imputados, según informaron fuentes de la fiscalía.
En esa oportunidad, también se verificó que "en el lugar habitaban al menos seis ciudadanos bolivianos". Además, se constató que las víctimas se encontraban "en condiciones infrahumanas, ya que estaban hacinadas, sin elementos de seguridad ni higiene, el lugar no poseía ventilación y las instalaciones eléctricas que había eran peligrosas".
En los domicilios linderos, también propiedad de los imputados, "vivían 28 personas, varias con apellidos similares a la de los dueños del taller, donde se encontraron 13 máquinas industriales de coser", informó la Protex.
A pesar de estos resultados, el juez resolvió el sobreseimiento de todos los imputados; sin embargo, esa decisión no fue compartida por la fiscalía y la resolución fue apelada.
Finalmente, el 21 de marzo de 2013, la Sala II de la Cámara de Apelaciones revocó los sobreseimientos y ordenó al juez que continuara con la investigación, a cargo de la fiscalía desde el 29 de abril de 2015.
Fuente: Télam
