Tras cinco meses de discusiones y de haber sido abordado por diputados de la provincia y por funcionarios de los cuatro municipios del área metropolitana -Resistencia, Fontana, Puerto Vilelas y Barranqueras- el proyecto no fue enviado para su tratamiento a la Legislatura ya que no había consenso entre las partes implicadas.
La principal oposición al proyecto surgió de la Asociación de Propietarios de Agencias de Radios que nuclea a los dueños de las empresas de remises, entre los que se encuentra el de la firma -Nueva Resistencia-, recientemente clausurada, que empleó a Cabeza y a los dueños de varios vehículos, quienes adujeron que serían perjudicados económicamente.
Al respecto, Pedro Amarilla, secretario general de la Unión, cuestionó a los miembros de la Asociación a quienes culpó de que "el proyecto quede en la nada y que no podamos brindarle seguridad a nuestras familias y a nuestros usuarios".
Quien se sumó al pedido fue el subsecretario de Seguridad, Mauro Flores, quien lamentó que los esfuerzos del gobierno en confeccionar un proyecto de ley "que no solo buscaba beneficiar a los trabajadores, sino que además apuntaba a regular el servicio que prestan las empresas de remises, no haya tenido el acompañamiento debido".
El servicio de remisería en el Chaco es uno los sectores de mayor irregularidad en cuanto al blanqueo -pago de aportes, obra social y seguro- de sus trabajadores.
Actualmente, según datos obtenidos después las reuniones que funcionarios del Ejecutivo mantuvieron con los trabajadores, en el área metropolitana existen, aproximadamente, 3.000 remiseros trabajando, de los cuales solo 1.000 están inscriptos en los respectivos municipios.
Fuente: Télam
