El primero de ellos, es un pedido de informes al Ejecutivo nacional para saber si, a través de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas o de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, se recibieron denuncias contra las empresas de transporte.
"Es muy importante para las personas con algún tipo de capacidad diferente poder acceder a estos beneficios como corresponde. Lamentablemente, nuestra sociedad ha demostrado que todavía no se encuentra preparada para integrarlas en su seno respetando sus derechos".
La iniciativa apunta a conocer cuáles son las empresas de transporte público o colectivo de media y larga distancia que cometieron infracciones a lo previsto en el Sistema de Protección Integral de los Discapacitados y sus modificatorias.
"Algunas empresas de media y larga distancia establecieron una serie de pautas y requisitos para prestar los servicios contemplados en el Artículo 22 del Programa Integral de Protección de Personas con Discapacidad que no se condicen con la normativa vigente", advirtió.
Asimismo, Maldonado propuso modificaciones a la Ley Nº 22431, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, para que las empresas de media y larga distancia sometidas al contralor de autoridad nacional exhiban en forma visible, clara y concisa los beneficios para este sector.
"El desconocimiento de este beneficio y de los requisitos para su acceso por parte de las personas con capacidades diferentes, requiere una urgente toma de medidas tendientes a facilitar la obtención de la información referida a los servicios previstos", sostuvo.
