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Quieren que la provincia administre fondos para previsión ambiental

Ayer hubo un dictamen a favor de un proyecto de ley que propone que los recursos que las empresas mineras le pagan para financiar políticas y estudios destinados a morigerar y evitar el impacto ambiental de la actividad, sean administrados por la Provincia y no por la Secretaría de Minería de la Nación, como es actualmente.
De acuerdo con la ley de Inversiones Mineras, un 5 por ciento de lo que las empresas del sector pagan en concepto de Impuesto a las Ganancias debe destinarse a un fondo creado para financiar políticas encaminadas a evitar y subsanar las alteraciones en el medio ambiente que pudiera ocasionar la actividad minera. La propuesta que se analiza en la comisión de Minería de la Cámara baja apunta a que estos recursos puedan empezar a utilizarse antes de que se produzca el cierre de mina y que los maneje la administración provincial.
La aprobación del proyecto, que pertenece al senador Jorge Agüero y ya tiene media sanción en el Senado, agilizaría la evaluación del impacto ambiental en Catamarca al no tener que esperar que lo haga la Secretaría de Minería de la Nación y recién cuando se produzca el cierre de los yacimientos.
Otras de las cuestiones que se consideran en el dictamen es que los recursos del fondo de prevención ambiental "se hagan efectivos al presente, y no esperar a que la Secretaría de Minería de la Nación, al cierre de mina, se aboque a evaluar y reparar y se evitaría, en el hipotético caso de que se niegue la existencia de alteración ambiental, que la Secretaría exija el reintegro a la administración nacional de los fondos que deben atender las alteraciones ambientales, presentes y futuras que genera la actividad minera".
Catamarca adhirió a la ley de Inversiones Mineras, lo que no implica, de acuerdo con el dictamen de Asesoría Jurídica de la Cámara baja, que la Provincia haya delegado su competencia a la Secretaría de Minería en todo lo que importen las actividades que realizan las empresas adheridas a la ley, ya que otros órganos del Estado nacional, provincial o municipal pueden y deben ejercer competencias que le son propias.

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