José Miguel Gallegos, ciudadano de Aguaray, denunció ante diferentes organismos de la Provincia que la explotación de la cantera “Macarena I” se realiza en forma ilegal.
A través de un acuerdo privado que se firmó el 24 de mayo último, la titular de la citada cantera, Norte SRL, concesionó su explotación transitoria a la constructora Ingeniero Medina SA para la extracción de 12 mil metros cúbicos de áridos.
Reclamo al Gobierno
En una nota dirigida al gobernador Juan Manuel Urtubey el 23 de mayo, un día antes de la firma del acuerdo privado, Gallegos había reclamado medidas urgentes que resguarden los derechos y la integridad de las personas que habitan en Aguaray, porque maquinarias pesadas ya operaban en la extracción de significativos volúmenes de material árido en la Quebrada de Ñacatimbay, sin que se cumplimentaran las exigencias legales de notificación al municipio, a los fines del correspondiente control de las extracciones, ni se acreditara ante la autoridad local un informe de impacto ambiental actualizado -como ordena la normativa vigente cada dos años- y aprobado por la Secretaría de Minería de Salta.
En vista de ello, por sendas notas elevadas el mismo 23 de mayo a las autoridades del Juzgado de Minas, la Secretaría de Recursos Hídricos, Defensa Civil y el Ministerio de Ambiente de la Provincia, Gallegos hizo a todos los organismos competentes “solidariamente responsables” por lo que pueda suceder en Aguaray a causa de la explotación irracional denunciada a unos cuatros kilómetros al oeste del pueblo, que en marzo de 2000 se encontró con dos metros de agua y lodo corriendo sobre sus calles, por un desborde aluvional sobre la quebrada que hoy muestra su cauce ensanchado más de 50 metros por las extracciones de áridos.
Los antecedentes
En la nota al gobernador, Gallegos reseñó aquel alud y otros que se sucedieron en Vespucio, las quebradas de Galarza, Yacuy, Gritón, Caraparí, Iquira y Guandacarenda, sin soslayar otros grandes desastres originados sobre la línea de la ruta nacional 34 con la caída de puentes en Zanja Honda, Cuña Muerta, Río Seco y la reciente tragedia de Tartagal.
Gallegos hizo notar que recién el pasado 8 de junio, frente a cuestionamientos que llegaron al seno del Concejo de Aguaray, los responsables de la explotación de áridos entregaron a la Intendencia de la localidad un informe de impacto ambiental elaborado en 2006 y con la última revisión bianual aprobada el 18 de diciembre de 2008, mediante resolución 458 de la Secretaría de Minería de la Provincia. (El Tribuno)
