En la introducción del mencionado proyecto, se expresa textualmente lo siguiente:
“Tratamos de saldar una deuda que acumulamos en estos años de democracia. Queremos saldarla con el dictado de una norma actualizada, regulatoria de los servicios de comunicación audiovisual. Buscamos echar las bases de una legislación moderna, dirigida a garantizar el ejercicio universal para todos los ciudadanos del derecho a recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones y que constituya también un verdadero pilar de la democracia, garantizando la pluralidad, la diversidad y una efectiva libertad de expresión. Actores públicos, privados y sociales amparados y comprendidos por una regla que acompañe el salto tecnológico, buscando mecanismos destinados a la universalización del aprovechamiento de los avances de las tecnologías, poniendo los medios al servicio de la profundización de la participación democrática de la ciudadanía. Necesitamos sustituir un viejo esquema de gobierno a través de un comité militar por otro, nuevo, de plena representación de origen democrático. Debemos desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios, favoreciendo un federalismo real que fortalezca lo local, con protección de nuestros bienes culturales, y defendiendo a los trabajadores y creadores, abaratando el acceso del ciudadano a la información y otros contenidos, a lo largo y ancho del territorio nacional. Entendemos que el beneficiario directo de los cambios debe ser el ciudadano común, no sólo por resultado de una ampliación de sus derechos, sino también por la universalización del acceso a eventos significativos, como por ejemplo los clásicos del fútbol profesional, así como en el abaratamiento del costo de esos servicios audiovisuales. Proponemos además modificar las estructuras, principios y objetivos de los medios del estado, para que abran instancias participativas que, con una conducción democrática y representativa aseguren pluralismo y diversidad en sus contenidos. El desafío es construir lo nuevo aprovechando la experiencia de estos años de democracia, enriqueciendo por medio de la más amplia y abierta participación colaborativa el documento de trabajo para la discusión proyectado como base de presupuestos mínimos, para el envío al Congreso de un proyecto de ley que cuente con firmes consensos sociales. Abrimos una puerta al futuro, adaptando a la realidad local principios jurídicos ya probados en el derecho comparado, reconociendo estándares adoptados por el sistema interamericano de derechos humanos. Sumamos nuestro esfuerzo al de un conjunto importante de otros países que también persiguen, con la adopción de principios de neutralidad tecnológica evitar la obsolescencia de sus normas. Este proyecto constituye entonces un documento de trabajo, destinado a ser enriquecido, corregido y mejorado por virtud de la libre participación ciudadana, con la finalidad de que su envío al Honorable Congreso de la Nación cuente con una amplia base de consenso constituyendo una experiencia inédita de democracia semidirecta. Se trata de ayudar a poner en vigencia el mandato del último párrafo del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución de la Nación Argentina: ‘…Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales..’.
Quienes deseen sumar comentarios y realizar preguntas o consultas, pueden escribir al mail [email protected].
