Entre los fundamentos manifiesta que: la Ley de Educación Nacional N° 26206, tiene como objetivo brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos y que en la provincia Ley N° 4848, crea un Régimen de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, considerando en su artículo 2° “discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional, de carácter físico, mental y/o sensorial permanente o prolongada, que en relación a su edad y medio social conlleve o implique desventajas considerables para su adecuada integración familiar, social, educacional o laboral. Agregando que artículo 18 de esta misma Ley versa que, “la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) otorgara a sus beneficiarios discapacitados las prestaciones necesarias para su rehabilitación integral”.
El Legislador afirma que, “por medio de la Resolución de OSEP N° 8650/08 que crea el Plan de Asistencia Integral para Personas Discapacitadas, ha cumplido con lo dispuesto por la normativa, brindando respuesta al pedido de padres y familiares de niños y jóvenes discapacitados”.
Asimismo asegura que, “la obra social es una entidad autárquica con individualidad, siendo atribución del Director “establecer la naturaleza, proporción, extensión, duración y forma de los beneficios asistenciales pero que estas facultades no pueden tener características de insensibles, deben permitir ampliar el marco de contención a las personas discapacitadas, favoreciendo la accesibilidad y el criterio de Equidad, sobre la premisa de un sistema profundamente solidario”.
Millán completó éste argumento indicando: “las obras sociales cuentan con un reintegro por parte del Estado Nacional de estas prestaciones y reiterando que la protección de la discapacidad se encuentra garantizada por la Constitución Nacional en los arts. 42 y 75, inc. 22 y 23”.
“Los padres tienen derecho a elegir la escuela de sus hijos, más aún en caso de tener cobertura social pueden elegir hasta el docente, pero con esta nueva disposición muchos de ellos se verán ante la imposibilidad de pagar la diferencia, entonces no se estaría garantizando la integración que el niño discapacitado realmente necesita”, señaló el Diputado.
También Legislador en el proyecto solicita que en la Resolución N° 8650/08 de “Plan de Asistencia Integral para Personas Discapacitadas” se incluya la cobertura de profesionales con formación y experiencia suficiente para el diagnostico diferenciado, que cobijen y brinden las herramientas específicas para paliar las dificultades que tienen los niños con síntomas de patologías tales como el autismo u otro Trastorno General del Desarrollo (TGD) no especificado.
Para finalizar el mismo indica, “como representantes legítimos debemos velar por los intereses reales de nuestros niños, garantizando sus derechos a la salud y a la educación, respetando sus condiciones socioeconómicas, sus capacidades intelectuales y motoras, y su desarrollo emocional”.-
