Para la implementación de este proyecto, el ministro de Desarrollo Social, José Vega, firmó un convenio con autoridades de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), que implica el desembolso de 319.000 pesos. Con esos fondos se financiará, entre otras cosas, la estructura que realizará el seguimiento de los casos y la intervención territorial para acompañar al adolescente en su reinserción social.
El proyecto está dirigido a jóvenes infractores y/o presuntos infractores a la ley penal de hasta 18 años que residen en la región del Valle Central, otorgando especial prioridad a los menores de 16 años que se encuentran alojados y/o egresen de la Comisaría del Menor y la Mujer, la Alcaidía y el Centro Juvenil Santa Rosa.
La propuesta comprende la formación de un Equipo Móvil de Admisión y Derivación (psicólogos, trabajadores sociales y abogados), que estará encargado de entrevistar al adolescente que ingrese en alguno de los centros, para evaluar su situación y proponer un plan de trabajo a la autoridad judicial, con el objetivo de evitar que permanezca privado de libertad cuando existe una alternativa a la institucionalización.
El equipo técnico enviará informes a las autoridades judiciales, para que cuenten con elementos e información concreta para decidir la inclusión del adolescente infractor en el régimen.
Los operadores socioeducativos que contempla el programa brindarán las herramientas necesarias para viabilizar un proyecto de vida ciudadano, y acompañará al adolescente cuando concurra a la escuela, al centro de salud o a realizar distintos trámites, y buscará estimular nuevos procesos de aprendizaje tendientes a la reconstrucción y revitalización de los vínculos familiares y comunitarios.
El proyecto prevé también la gestión de distintos recursos (becas escolares, tratamientos médicos, integración en organizaciones barriales, planes familiares, subsidios directos, entre otros) para brindar al adolescente y a su núcleo significativo la posibilidad de integrarse y reducir el grado de marginalidad y vulnerabilidad al sistema penal.
El régimen de libertad asistida forma parte de la estrategia en la que trabaja la cartera social provincial para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el marco de esa normativa, y por los cambios en los dispositivos penales juveniles, se decidió privilegiar la intervención centrada en el eje socio educativo, concebido en la capacidad de ejercer derechos, de respetar los derechos de los otros y de asumir obligaciones que les permitan llevar a estos adolescentes un proyecto de vida ciudadana.
