A raíz de una exhaustiva investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó por el delito de evasión fiscal agravada a dos directivos de la empresa agroexportadora Cargill tras comprobarse que hubo una clara intención de defraudar al fisco por cifras millonarias durante los períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. Este procesamiento los pone a un paso del juicio oral donde deberán afrontar penas de hasta 9 años de prisión. Además, a los responsables de la firma se les trabó un embargo por 100 millones de pesos a cada uno. La causa presenta importantes similitudes con las maniobras de planificación fiscal nociva de triangulación con la investigación de la cerealera Bunge.
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, a cargo de Alejandro Catania, dispuso el procesamiento del presidente del directorio y gerente de la Unidad de Negocios de la firma Cargill, Héctor Orlando Marsili, y del gerente de la Unidad de Negocios de la firma en Uruguay, Javier Gustavo Fernández Rockboer, como autores del delito de evasión agravada conforme los artículos 1 y 2 inciso A) de la Ley Penal Tributaria.
“El caso de Cargill y el de Bunge son emblemáticos porque demuestran cabalmente que algunas de las empresas que más ganan son las que más evaden”, señaló el administrador federal, Ricardo Echegaray al tiempo que recordó que “la participación en las ganancias de las empresas, responde a un principio de justicia social y que el dinero recaudado por el impuesto contribuye a distribuir la riqueza en la sociedad”.
“Es importante tener claro que tanto la evasión de Cargill como los 1.200 millones que se investigan de la cerealera Bunge, resultan una clara sustracción de los fondos que el Estado dispone para poder financiar las prestaciones sociales básicas como la seguridad, la asignación universal por hijo, la salud y la educación de todos los argentinos, entre otros cometidos esenciales del Estado”, reflexiónó Echegaray.
“Los evasores que engañan al Fisco, también le mienten a la sociedad y a los trabajadores”, repitió el funcionario y advirtió que ahora ambas empresas deberán dar explicaciones tanto a la Justicia como al resto de los argentinos.
Es objetivo del Gobierno, luchar por una sociedad cada vez más equitativa, resultando intolerable, que los que más ganan sean los que menos tributan.
La AFIP trabaja día a día fiscalizando, impulsando ante la justicia penal las causas de violación de la Ley Penal tributaria y arbitrando todos los medios a su alcance para obtener un mayor cumplimiento de la gestión tributaria, dando tanta libertada como sea posible y tanta intervención como sea necesaria.
Esta maniobra de triangulación de operaciones vía paraísos fiscales guarda estrecha similitud con la desplegada por la firma Bunge, recientemente denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos ante la Justicia Penal Federal de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba; lo que implica que, al igual que en la causa “Cargill”, los responsables de la empresa “Bunge” podrían ser procesados penalmente por el delito de evasión agravada contra el Fisco Nacional.
En la fiscalización, la AFIP pudo constatar que Cargill Argentina realizaba la mayor parte de sus operaciones a través de una sucursal de Uruguay, pero esto sólo a los efectos contables, ya que la mercadería salía directamente desde la Argentina al comprador final y nunca pasaba por el país vecino, ni por ninguno de los otros que participaban en la operatoria. Es decir, la facturación iba por un camino y la exportación por otro.
De esta manera, Cargill Argentina facturaba sus ventas a su filial en Uruguay. Desde el país vecino se refacturaba a otras sociedades vinculadas, generalmente radicadas en países de baja o nula tributación y este último repetía la operación con el comprador final.
Ante la Justicia, la AFIP demostró que Cargill Uruguay liquidaba maliciosamente la venta de commodities a otras sociedades vinculadas o trades a un precio menor al que se lo había comprado a la Argentina, registrando en sus balances pérdidas significativas. Como los balances de la filial uruguaya se consolidaban en la Argentina, la empresa nacional contabilizaba esas pérdidas disminuyendo de esa forma la base sobre la que debía tributar el Impuesto a las Ganancias.
Las estimaciones fiscales se iniciaron por una evasión de 56 millones de pesos, pero cabe destacar que como en la operatoria intervinieron varias empresas vinculadas y radicadas en paraísos fiscales se dificulta el control para la AFIP y, en consecuencia, la real magnitud y monto de las operaciones comerciales desarrolladas.
