"Una cosa es verlo por fuera, recorrer los espacios públicos, y otra cosa es corroborar el estado deplorable en que están la estructuras por desidia del IVC, que tiene un montón de planes de mejoras y mantenimiento edilicio que no están cumpliendo igual que la ciudad incumple esta ley", agregó.
La decisión fue adoptada por el titular del juzgado Nº 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Víctor Trionfetti, quien el pasado viernes resolvió hacer lugar al amparo colectivo interpuesto por un grupo de vecinos contra el gobierno metropolitano y el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC).
Tras considerar que el fallo es "maravilloso", Bernardis argumentó que "alguien tiene que obligar al gobierno de la ciudad a cumplir con las leyes".
"La norma fue votada por los legisladores con presupuesto incluido, que no sabemos dónde fue a parar: no nos interesa, queremos que se cumpla la ley porque muchos vecinos fallecieron esperando esto", dijo.
Trionfetti condenó al gobierno porteño y al IVC "a realizar las acciones necesarias para ejecutar las obras expresamente enumeradas en el artículo 2 de la ley 3.199", que incluyen recuperación de espacios públicos, juegos infantiles, veredas externas e internas y construcción de rampas para personas con movilidad reducida.
El artículo citado por el juez abarca además la colocación de cestos de residuos, la instalación de bancos y refugios peatonales en paradas de colectivos, el enrejamiento perimetral y de cada uno de los edificios del complejo, la reparación de las calzadas externas e internas y la puesta en valor de las fachadas.
"Los problemas mayores los tienen los departamentos que dan sobre la calle Balbastro, donde el movimiento del tránsito pesado, sumado a la falta de relleno suficiente, produce desplazamiento de tierra y rajaduras por la vibración de las estructuras", explicó Bernardis.
Problema aparte es el funcionamiento de los servicios públicos en el barrio.
"Si bien las empresas informaron que funcionan correctamente todos los servicios, es mentira: hay faltante de agua, muchas columnas están sin suministro de gas y durante el verano la falta de luz fue catastrófica", agregó.
La falta de rejas, expuso, genera "inseguridad generalizada" y deja librada a la conciencia de cada uno la circulación vehicular por las calles peatonales internas, con el consiguiente "deterioro de veredas y desagües pluviales" cuando los automovilistas hacen caso omiso a las recomendaciones de no ingresar.
En los fundamentos de su sentencia, el juez destacó que "resulta evidente que si existe una ley que prevé la puesta en valor de un barrio determinado, asignándole un presupuesto específico", el gobierno "no debe incumplirla arguyendo que la ejecución de las obras está a cargo de todos los propietarios conforme al porcentual establecido para cada unidad".
"En todo caso -argumentó Trionfetti-, el Poder Ejecutivo debió evaluar esos argumentos antes de promulgar la ley 3.199, norma que no distingue entre partes de uso común o privada, simplemente señala que es lo que el Gobierno y el IVC deben hacer y dónde", afirmó.
El fallo advierte también que la inspección judicial realizada en el marco de este expediente demostró que no existen "actos materiales concretos que signifiquen un comienzo de ejecución de los trabajos previstos en el artículo 2", por lo que "la ley 3.199 está incumplida en los aspectos ya señalados".
El proyecto, convertido en ley en septiembre de 2009 por la Legislatura porteña por 41 votos a favor y ninguno en contra, fue impulsado por el entonces legislador oficialista Daniel Amoroso.
Ubicado entre las avenidas Balbastro, Varela y Lafuente y la calle Crisóstomo Álvarez, el barrio "Mariano Castex" -lindero al hospital Piñero- tiene nueve monoblocks de 4 pisos y ocho torres residenciales de 13 a 15 pisos. Fue levantado hacia 1969 por la entonces Comisión Municipal de la Vivienda, para relocalizar a las personas que habían sido expropiadas para alargar la avenida 9 de Julio.
Fuente: Télam
