En la fundamentación del mismo el senador hizo referencia a que por publicaciones periodísticas se tomó conocimiento que el pasado 22 de abril se procedió al remate en ámbito del Poder Judicial de Córdoba, de un inmueble identificado con el Padrón 10044, ubicado en el distrito de La Guardia, de un total de 20.600 hectáreas.
También que según consta en el edicto del remate judicial, que no posee mejoras y se encuentra desocupado. “Es todo en un todo mentira, ya que este campo se encuentra a la vera de un camino, sino que se trata de un inmueble con diversos bienes de uso público como la ruta provincial Nº 8, surcado por numerosos caminos vecinales, escuelas, postas sanitarias, incluso destacamento policial y ni siquiera se toma consideración los asentamientos poblacionales, que derivaron en la conformación de parajes tales como San José Pozo Escondido, El Quimilo, San Salvador y demás, ponderando la intervención estatal en la provisión de mejoras para las poblaciones citadas y sus habitantes”, indicó Luna.
Ante esta situación Catastro realizó sendas presentaciones ante el Juzgado de 1º Instancia y 39º Nominación, Concurso y Sociedades Nº 6 de la ciudad de Córdoba con fecha 22 de abril y Fiscalía de Estado con fecha 25 de abril, poniendo en conocimiento lo antes citado sobre la situación nominal y ocupación de dicho inmueble.
“Tomando en conocimiento de que el adjudicatario del inmueble en cuestión es un particular, se hace ineludible el tomar cartas en el asunto y clarificar toda esta cuestión, de manera que se puedan determinar las medidas a seguir, para llevar tranquilidad a los habitantes de estas tierras”, manifestó el senador de La Paz.
Recordó además la reunión mantenida en la zona en mayo junto a representantes de diferentes organismos del Estado en la que los pobladores reiteraron su pedido de “defensa” de sus derechos frente a estas tierras que habitan hace más de cien años. “Esta tiene que ser una cuestión hasta de Estado la defensa de los pobladores genuinos de estas tierras”, dijo Luna.
