El director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, explicó, citado por la agencia EFE, que este foro "es un mensaje a la sociedad de que los negociadores del Gobierno y las FARC están a las puertas de terminar el primer punto" sobre política de tierras, con el que se inició el diálogo en noviembre y causa originaria del conflicto social y armado colombiano.
"El ambiente que se genere va a favorecer el proceso", apuntó Vargas, quien detalló que el objetivo es "crear una masa (social) crítica que apoye cada vez más a la mesa de La Habana desde la distancia".
Autoridades, expertos y víctimas del largo conflicto armado coinciden en que el momento en el que se encuentra el proceso es clave y las garantías que se establezcan para ejercer la oposición política son fundamentales para avanzar.
"De ese foro sobre las garantías depende el proceso de paz en su conjunto", reconoció el copresidente de la Comisión de Paz del Congreso, Iván Cepeda, quien observó que hay razones para pensar que sí es posible la llegada de los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la vida política, pero para ello hace falta "voluntad".
Esa voluntad pasa porque "se acabe con cualquier tipo de propaganda o discurso que estigmatice al grupo" armado y con gestos tanto del Estado como de la guerrilla que incluyan el reconocimiento de las víctimas que ha dejado la confrontación armada en cada bando.
El congresista recordó que el asesinato sistemático de más de 3.000 integrantes de la Unión Patriótica (UP), nacida en 1985 en virtud a un acuerdo entre la guerrilla y el Gobierno de entonces, "reforzó en el imaginario de las FARC la imposibilidad de participar por las vías legales y electorales en los procesos políticos".
"Pero se ha demostrado que es posible cuando se quiere. Si el establishment político tiene voluntad es posible llegar a procesos de participación", agregó Cepeda, al exponer que pese a los sucesos de la UP el caso más evidente de éxito fue el de la guerrilla del M-19.
Vera Grabe, exguerrillera del M-19 y la primera congresista que tuvo ese grupo armado tras su desmovilización en 1990, se mostró convencida de que las FARC pueden pasar a la legalidad siempre y cuando abandonen las armas.
Iván Cepeda y Vera Grabe coincidieron en que para que se den esas garantías hay que buscar mecanismos dentro de la justicia transicional.
En el caso del congresista, hijo del asesinado senador de la UP Manuel Cepeda y presidente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), indicó que esas alternativas deben surgir de un debate nacional en el que participen las víctimas, del desmantelamiento de las estructuras paramilitares y de una depuración de las Fuerzas Armadas.
Según Grabe, "existe una Corte Penal Internacional (CPI) que marca pautas, pero también se deben sopesar las ventajas que implica un proceso de paz".
El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, planteó como opción condenas suspendidas, es decir, que los autores de delitos graves sean condenados y sus penas se suspendan bajo determinadas condiciones.
De esa justicia transicional, de las garantías para ejercer la política, del rechazo popular y de las experiencias internacionales tratará el foro de la ONU y la Universidad Nacional, cuyas conclusiones irán a parar a la mesa de La Habana, como ya pasó anteriormente con el debate social en el mismo ámbito sobre política de desarrollo agropecuario.
Abrirán el foro mensajes del presidente de Uruguay, exlíder de la guerrilla tupamara, José Mujica; del premio Nobel de la Paz argentino en 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y de otros personajes que lucharon en sus países por terminar con los conflictos violentos.
Fuente: Télam
