Los 27 acusados están imputados de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, sostiene la acusación de la Fiscalía aceptada por el juez, según la cual Vaccari tenía contactos con directores de Petrobras, con quienes negociaba comisiones provenientes de los contratos, cuyos precios se inflaban, y recibía el dinero "disfrazado" en forma de donaciones legales para la campaña de su partido.
En las últimas semanas, el PT de la presidenta Dilma Rousseff negó en comunicados haber recibido donaciones por fuera del sistema legal.
La Fiscalía presentó la denuncia el pasado 16 de marzo contra los 27 imputados tras detectar supuestos desvíos de dinero realizados en cuatro obras de Petrobras, la mayor empresa de Brasil y uno de los motores productivos del país.
Entre los investigados figuran personas que ya estaban acusadas ante la justicia federal por otros delitos en este gigantesco escándalo, como los ex directores de Petrobras Paulo Roberto Costa y Renato Duque, el antiguo gerente del departamento de Servicios de la firma Pedro Barusco y ejecutivos de diversas constructoras.
A lo largo de las investigaciones, la policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco ex altos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y delataron a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena.
Además, el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, abrió investigaciones a 50 políticos.
La corrupción en Petrobras desencadenó una masiva protesta en todo el país el pasado 15 de marzo y fue uno de los motivos de la brusca baja en la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff, que según una encuestra del instituto Datafolha cayó a 13% apenas a tres meses de haber iniciado su segundo mandato.
En medio de este escenario, la jefe del Estado anunció un paquete de medidas para aumentar la fiscalización y endurecer las penas por corrupción y sancionar como delito penal la contabilidad paralela en las campañas electorales, entre otros.
Fuente: Télam
