Así, Pérez Molina nombró esta semana a Acisclo Valladares, ex director de la Fundación Tigo, como comisionado de la Pronacom (Programa Nacional de la Competitividad) que busca establecer alianzas entre el sector público, el empresariado y la sociedad civil, para promover las inversiones.
El miércoles, un día antes de la multitudinaria protesta que reclamaba su renuncia, el mandatario también nombró como nuevo ministro de Economía a Ricardo Sagastume, abogado y representante de la cámara empresarial de la telefonía.
Según el diario local El Periódico -que como casi toda la prensa guatemalteca, no es neutral-, ese mismo día por la noche, Pérez Molina abandonó la Casa de Gobierno y se dirigió a un edificio de la zona 10, cerca de la embajada de Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con Baldizón, que es quien tiene las mayores chances de ganar las elecciones presidenciales, en un panorama de profunda desidia del electorado.
Todo parece indicar que el posterior énfasis del jefe de Estado con no renunciar para garantizar la realización de las elecciones del próximo 6 de septiembre es parte del acuerdo Baldizón-Pérez Molina, lo que luego se vió ratificado en el Congreso.
Tras el nombramiento por sorteo de los cinco miembros de la comisión investigadora que debe decidir, el jueves, dos miembros del oficialista Partido Patriota (PP), dos de Líder y uno del izquierdista partido Encuentro por Guatemala (EG), el plenario rechazó imponerle un plazo de cuatro días para que el cuerpo decida si se le quita la inmunidad al presidente, gracias al retiro de los diputados del PP y Líder.
Casualmente, el presidente de la comisión, Mario Linares, del PP, sólo se enteró de su nombramiento un día después, el viernes último, por razones de salud, según adujo.
Pérez Molina reiteró luego de la masiva protesta que su decisión de aferrarse a la Presidencia responde a un único objetivo: "no romper las leyes" del país y garantizar las elecciones, porque lo opuesto "va en contra de la Constitución".
"Estoy dispuesto a dar la cara y enfrentar lo que sea y lo que menos pueden hacer es creer esos rumores que dicen que renuncié, que me fui del país y que me estoy escondiendo, eso no está en mi forma de ser, en mi carácter, y esta situación la voy a enfrentar como debe ser", resaltó.
Sin embargo, la situación de debilidad en que se encuentra el mandatario, ha hecho que el actual vicepresidente, Alejandro Maldonado, mantenga una ronda de consultas para un eventual gabinete de ministros por si luego de las elecciones y antes del 16 de enero, en que asume el próximo jefe de gobierno, se produce la renuncia de Pérez Molina, aseguraron fuentes consultadas por Télam.
Maldonado fue el candidato de la tercera terna propuesto por el Ejecutivo que obtuvo mayoría en el Congreso para reemplazar a la renunciante Roxana Baldetti a mediados de mayo -actualmente presa por los mismos hechos de corrupción que le endilgan al mandatario-, los aspirantes de las otras dos propuestas por Pérez Molina le fueron rechazadas.
Sin embargo, los dos diputados de Líder nombrados en la comisión investigadora -Jorge Mario Barrios Falla y Sergio Leonel Celis Navas-, reconocieron al día siguiente de su designación que "existen suficientes razones para retirarle la inmunidad a Otto Pérez Molina", pero no aclararon cuánto demorará tomar esa decisión.
Previamente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dar trámite a la petición de antejuicio que, presentada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), señalan a Pérez Molina y su ex vicepresidenta Baldetti, ya detenida, de ser los cabecillas de la red de defraudación aduanera conocida como "La Línea".
El grado de corrupción en el país sorprendió a muchos, explicó por su parte el abogado defensor de derechos humanos Michael Mörth, que asesora actualmente a víctimas en el proceso por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, cuyo jefe de Estado Mayor fue el general retirado y actual presidente Pérez Molina.
Se trata de "una asociación criminal que tomó el control del aparato estatal", precisó Mörth, un jurista alemán que vive desde hace unos 20 años en Guatemala, citado por la agencia E$FE.
Según la Justicia, un centenar personas están siendo investigadas actualmente por el caso "La Línea", entre otros, varios políticos y altos funcionarios.
Fuente: Télam
