La denuncia fue presentada por el diputado del opositor movimiento Winaq Amilcar Pop, en medio de la sorpresa que generó que la detectada red de defraudación aduanera fuera encabezada por los ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Omar Franco y Carlos Muñoz, dos consentidos del presidente Pérez Molina, que siempre los promovió a importantes cargos pese a las denuncias que acumulaban y que los obligaron varias veces a renunciar.
Pop explicó a periodistas que la presentación de la denuncia es el paso previo para iniciar un proceso legal para buscar que el mandatario y Baldetti sean desaforados y juzgados como ciudadanos comunes.
Los delitos de los que fueron acusados Pérez Molina y Baldetti son encubrimiento propio, incumplimiento de deberes, obstrucción de justicia, asociación ilícita para el contrabando aduanero, conspiración para delinquir, colusión, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
El diputado Pop explicó que los delitos se fundamentan en las pruebas presentadas por la Fiscalía contra los 21 detenidos por contrabando y defraudación aduanera la semana pasada, entre ellos el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco.
Además, Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti, es acusado de ser el cabecilla de la red criminal, y está prófugo de la Justicia, después de haber viajado recientemente junto a la vicepresidenta a Corea del Sur.
De acuerdo con la denuncia de Pop, la vicepresidenta cometió el delito de incumplimiento propio al decir, el pasado 19 de abril, que se había comunicado con Monzón y lo destituyó del cargo después de conocer la orden de captura en su contra, pero sin revelar la ubicación del prófugo.
Pérez Molina también cometió el delito de encubrimiento propio y de deberes de funcionario al "mentir", en pleno escándalo, sobre el retorno de Baldetti a Guatemala de un viaje privado de Seúl, dijo Pop.
Todo comenzó en 2012, cuando el presidente Pérez Molina exigió la renuncia al jefe de la SAT de ese entonces, Rudi Villeda, y pidió al ministro de Finanzas, Pavel Centeno, que nombrara a la siguiente terna de candidatos del organismo recaudador: Carlos Muñoz, Omar Franco y Alfonzo Castillo.
Esa terna no prosperó porque Muñoz, intendente de recaudación en 2006 ya había sido acusado de fraude durante el juicio a Marco Tulio Abadío, sentenciado a 30 años de prisión por lavado de dinero y fraude.
El directorio de la SAT acordó entonces una nueva terna que incluía a Miguel Gutiérrez, quien fue nombrado por el presidente como el nuevo titular de ese organismo.
El titular de la SAT destituyó a 140 personas, entre ellas a Franco y Castillo, a quienes acusó de "colaboradores del contrabando".
Sin embargo, los dos expulsados de la SAT fueron recontratados por el gobierno en el Ministerio de Finanzas como asesores de su titular, Pavel Centeno.
Pero en marzo de 2013 fue destituido Gutiérrez y nuevamente se presentó una terna para la SAT que incluía a Muñoz, Franco y Carlos Mencos, actual Contralor de Cuentas del gobierno.
En ese momento fue elegido Muñoz, y renunció Centeno aduciendo problemas de salud, pero no salió del gobierno, ya que continuó como asesor de los ministerios de Comunicación y Finanzas.
Al final del 2013 se cuestionó duramente que Muñoz no fuese removido del cargo, por la fuerte caída de la recaudación, por promover la tercerización de las actividades de la SAT y contratos en oficinas de lujo y por organizar un torneo de bowling para los empleados en plena crisis económica. Finalmente fue destituido en enero de 2014.
En su lugar fue elegido de otra terna, por el presidente Pérez Molina, Omar Franco, tres meses después apresado y acusado de contrabando y defraudación aduanera por mil millones de quetzales anuales (unos 130 millones de dólares), tras una investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público.
En ese marco, ayer fue detenido el ex jefe del departamento financiero del Congreso José Conde imputado de ser uno de los responsables del desvío en 2008 de 82,8 millones de quetzales (10,69 millones de dólares) hacia una bolsa de valores denominada Mercado de Futuros, cuyos recursos nunca se pudieron recuperar.
Los delitos que se le imputan a Conde son los de lavado de dinero, concusión y estafa. Junto a Conde fueron detenidas ayer otras 20 personas por estar relacionadas con el millonario desvío de fondos del Organismo Legislativo.
Fuente: Télam
