Para ello resulta "indispensable utilizar todas las herramientas y mecanismos legales para lograr un ambiente de institucionalidad duradera y estable", reprodujo la agencia noticiosa estatal Notimex.
Paralelamente, el gobierno federal confirmó que en Morelia, la capital de Michoacán, fue capturado Dionisio Loya Plancarte, uno de los cinco líderes del cartel Los Caballeros Templarios y acusado de controlar el narcotráfico en esa ciudad.
Loya, por quien se ofrecía una recompensa equivalente a 2,25 millones de dólares, fue detenido junto a un menor, detalló el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Rubido.
El acuerdo, de ocho puntos, representa "un primer paso decisivo para cumplir la estrategia por la seguridad y el desarrollo", y "así, progresivamente, se logrará devolver la normalidad a Michoacán", afirmó el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de ese estado, Alfredo Castillo.
El instrumento establece que "las autodefensas se institucionalizan al incorporarse a los Cuerpos de Defensa Rurales", que "serán temporales y estarán bajo el mando de la autoridad en los términos de las disposiciones aplicables".
Agrega que "para este fin, los líderes de las autodefensas presentarán una lista con todos los nombres de sus integrantes", a cada uno de los cuales se les abrirá un expediente bajo control de la Secretaría (ministerio) de Defensa.
También determina que el personal de las autodefensas "podrá formar parte de la Policía Municipal, siempre y cuando acrediten los requisitos de ley y cuenten con el aval del Cabildo de su ayuntamiento".
El documento señala que las autodefensas "se obligan a registrar las armas que actualmente poseen o portan", y el Sistema Nacional de Seguridad Pública o la Secretaría de Defensa "se comprometen a dotarlas de las herramientas necesarias para su comunicación, traslado y operación".
Asimismo, la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán del gobierno federal "se compromete a mantener comunicación permanente con los municipios afectados para ofrecerles apoyo".
Las partes convinieron que "en los municipios en conflicto se llevará a cabo una auditoría del uso de los recursos públicos" y que se efectuará "la rotación de los agentes del Ministerio Público Federal y Local, así como la instrumentación de unidades móviles de Ministerio Público".
En tanto, el convenio prevé que "se harán las gestiones pertinentes" para que "las personas que fueron detenidas por portación de arma de fuego y que se encuentran en libertad provisional bajo caución" puedan "firmar" su "institucionalización" en Michoacán, "sin tener que trasladarse" a otros estados.
En cambio, a aquellos "servidores públicos municipales y estatales que tengan responsabilidad penal o administrativas" se "les aplicará todo el peso de la ley".
El acuerdo fue firmado por Castillo y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, por el gobierno federal; el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, y por representantes de autodefensas de al menos ocho comunidades.
Los grupos de autodefensa surgieron en los últimos tres años como consecuencia de la aparición de Los Caballeros Templarios, una escisión del cartel La Familia Michoacana que pronto puso en práctica métodos más crueles y que generalizó delitos tales como robos, secuestros y extorsión.
En las últimas semanas, las autodefensas coparon cerca de dos decenas de poblados de la zona michoacana conocida como Tierra Caliente, lo que causó la preocupación del gobierno, que desplegó militares y policías federales y designó un comisionado especial con el fin de contribuir a la pacificación y el desarrollo de la región.
Fuente: Télam