Cabello había sido denunciado en abril de 2009 por el procurador general del estado Miranda, Rafael Guzmán.
Según Guzmán, durante el año anterior Cabello ordenó la compra de inmuebles y otros bienes con fondos que, según el presupuesto de la gobernación, estaban asignados a otros destinos.
Además, de acuerdo con la denuncia, las compras se efectuaron sin compulsas previas de precios y el importe "estipulado en los contratos no correspondía al valor real de los inmuebles", detalló el TSJ.
Al solicitar el sobreseimiento, Ortega alegó que "no se configuran los delitos denunciados porque no se produjo la apropiación, distracción o uso de bienes o recursos del Estado que se encuentren bajo la custodia o administración del denunciado".
La fiscal añadió que tampoco "se cometió alguna conducta imprudente o negligente" y sostuvo que los precios de los bienes adquiridos "eran iguales o menores al valor real" de mercado en el momento de concretar las operaciones.
En el fallo, el TSJ sostuvo que no existen "elementos concretos que hagan presumir la comisión de los delitos contra el patrimonio público indicados en la denuncia".
Fuente: Télam
