El Gobierno de Sebastián Piñera impulsa una reforma del Código Penal. Transforma en delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles", como viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales; ya sean fiscales, municipales o privados. "El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales", advirtió el presidente.
De aprobarse esta iniciativa gubernamental, los estudiantes que participen en tomas de establecimientos educacionales, como colegios, liceos o universidades podrían ser condenados a tres años de prisión.
La iniciativa, además, incorpora nuevas figuras delictuales: el saqueo, el impedimento al libre tránsito y la interrupción de servicios públicos, como transportes, salud o agua potable. También regula "sanciones por bombas incendiarias, facilita la obtención de medios de prueba y establece como agravante el actuar encapuchado", según difundió La Tercera.
Las protestas estudiantiles comenzaron a inicios de mayo en reclamo por los altos costos de la educación en Chile, que cuenta con uno de los sistemas educativos más privatizados del mundo, tras las reformas aplicadas por la dictadura de Augusto Pinochet.
Sólo el 40% de los escolares chilenos recibe educación en colegios públicos gratuitos, mientras que a nivel universitario no hay posibilidades de estudiar gratis. Para acceder a las universidades, los estudiantes deben solicitar créditos internos o en bancos privados. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres.
Fuente: América.infobae.com
