La enmienda conocida como la Ley de Reforma de Prisiones y Trabajo de Presos, fue más tarde incluida en la Constitución de Oregon y abrió el camino para que el grupo ALEC, una organización neoliberal que reúne a cientos de legisladores con distintas corporaciones, redacte un proyecto de ley conocido como la Ley de industrias carcelarias.
Según un informe de la National Correctional Industries Association, 31 de los 50 estados del país ya habían aplicado o aprobado en 2010 alguna versión del proyecto de ley de ALEC y tenían empresas certificadas por el programa de
Perfeccionamiento de Industria Carcelaria del Departamento de Justicia estadounidense.
Según explica la página web de este programa, todos ganan.
Los directores de las cárceles, porque el preso "está ocupado"; las víctimas, porque consiguen una fuente de financiamiento para un "resarcimiento"; el detenido, porque "aumenta su capacidad laboral"; el sector privado, porque obtiene una "mano de obra estable y disponible"; y el público en general, porque el preso "contribuye a pagar su celda, su comida e impuestos".
Por ejemplo, los presos que trabajan en Prison Blues, una empresa de Oregon que produce jeans, sólo reciben un 20% de su salario, remuneración que oscila entre 120 y 150 dólares por mes.
Otro buen ejemplo de este tipo de "rehabilitación" lo ofrece Pride, "una corporación privada, sin fines de lucro", que posee 41 "centros de entrenamiento" en 29 cárceles estaduales en Florida.
Pride produce muebles, productos de limpieza, cajas, pinturas, productos odontológicos y para ópticas, vehículos de carga, bordados para telas y es una de las principales imprentas del estado de Florida.
Según su página web, la empresa "tiene la capacidad única de ayudar a fabricantes nuevos y establecidos a introducir nuevos productos. A menudo, establecer una nueva planta de producción o expandirse con nuevos productos acarrea un alto riesgo y costo para el fabricante".
PRIDE le garantiza a los empresarios emprendedores instalaciones y mano de obra.
A diferencia de Oregon, en Florida los presos no están obligados a trabajar. Sin embargo, en 2011 PRIDE contaba con una fuerza laboral de unos 4.000 presos, según su informe anual.
Otro negocio que surgió con la privatización de parte del sistema penitenciario es el del servicio médico dentro de las prisiones.
En 2012, la empresa Corizon firmó un contrato de 369 millones de dólares con el estado de Arizona para garantizar el servicio médico en las cárceles de ese estado por los próximos tres años.
Corizon es la mayor empresa de servicios médicos en cárceles en Estados Unidos. Tiene contratos en 29 de los 50 estados del país.
La contratación de Corizon no inauguró la privatización del servicio médico carcelario en Arizona, sino que simplemente fue un cambio de proveedor ya que el anterior, Wexford Health Sources, estaba siendo investigado por mala praxis y negligencia.
Pero la atención médica no mejoró con la llegada de Corizon.
Un informe de la organización American Friends Service Committee, que sólo en los primeros ocho meses de 2013, 50 presos murieron en cárceles de Arizona, un número que superó con creces las 37 víctimas fatales del período 2011-2012.
"Una cosa está clara -concluyó la organización-, estos problemas no pueden corregirse a través de la privatización".
"Este informe evidencia que la reducción de costos y el interés por el lucro de los proveedores de los servicios médicos en las prisiones están en conflicto con el interés público y la naturaleza cívica de las cárceles, y contribuyen directamente a una asistencia médica insuficiente", agregó el texto.
Pese a las 660 denuncias formales que enfrentó la empresa en los últimos cinco años y el aumento dramático de muertos en Arizona, Corizon obtuvo en octubre de 2013 un contrato de cinco años por 1.200 millones de dólares para garantizar el cuidado médico de miles de presos en el norte y centro del estado de Florida.
Meses después, el gobierno de Florida firmó otro contrato de cinco años para las cárceles del sur del estado. La concesión fue otorgada a Wexford Health Sources, la misma empresa que había perdido la concesión en Arizona, por 240 millones de dólares.
El discurso que sostiene la privatización del servicio carcelario en Estados Unidos se basa fundamentalmente en la reducción de costos para el Estado.
Décadas de experiencia han demostrado que las empresas son exitosas en abaratar los costos inmediatos del Estado, pero lo hacen pagando salarios más bajos a trabajadores mal entrenados y precarizando la comida y el servicio médico que reciben los presos, al mismo tiempo que hacen que los detenidos carguen con parte de los costos de su propia detención.
Fuente: Télam
