Así lo expresó la reciente secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, la abogada penalista Rossy Lama, quien anunció que el gobierno "llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos” para trabajar "en conjunto”.
Aseveró que las preferencias de su gestión son "las políticas que en esta materia se han seguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas de derechos humanos abiertas y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”.
"También prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación”, indicó Lama en una entrevista publicada hoy por el diario estatal La Nación, en la que anunció que el gobierno va a "seguir presentando querellas cuando corresponda en los casos donde aún no están interpuestas”.
"Las líneas de acción de este Programa están establecidas por ley y eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada”, dijo la funcionario, y subrayó que "no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este Programa (...) Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para este Programa y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos”.
Lama rechazó la posibilidad de fijar un plazo para la conclusión de los procesos por violaciones de derechos humanos durante la dictadura porque "las causas tienen un curso natural” y "la historia” ha "demostrado” que "en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos”. "Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido”, dijo, pero subrayó que "las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y se haga justicia”.
Respecto de la política seguida por el Programa bajo los gobiernos de la Concertación, que se opuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y a la prescripción de los delitos de lesa humanidad, Lama aseguró que "ese criterio se mantiene intacto”. "Así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados”, explicó la abogada y remarcó que "ésa seguirá siendo la política institucional de este Programa”.
Fuente: criticadigital.com.ar
