Farlam dispone de cuatro meses para descubrir qué pasó ese día en la mina de platino de la compañía Lonmin, donde la policía abrió fuego contra un numeroso grupo de mineros que realizaba una huelga y movilización en reclamo de aumento salarial y mejores condicioens laborales.
La policía dijo que disparó en defensa propia luego de que algunos de los huelguistas intentaran atacar a los agentes con machetes, lanzas y hachas. La masacre provocó la condena internacional y duras críticas no sólo contra la policía sudafricana, sino también contra los propietarios de la mina, el gobernante partido Congreso Nacional Africano (CNA) y el presidente Jacob Zuma.
"Nuestro país llora por esta trágica pérdida. Esta comisión trabajará con rapidez para asegurarse de que se revela la verdad", dijo Farlam durante una vista a Rustenburg, la ciudad más próxima a la mina de Lonmin, informó la agencia de noticias Europa Press.
Los nombres de los 34 mineros, la mayoría de la Provincia Oriental del Cabo, fueron leídos este lunes antes de que los abogados de los policías, los familiares de las víctimas y los 270 mineros que fueron detenidos tras la represión se pusieran de acuerdo sobre el procedimiento que se debe seguir en la investigación.
Además de analizar los hechos del 16 de agosto, la comisión de investigación debe evaluar las relaciones laborales, los salarios y el alojamiento en las minas de Sudáfrica, cuestiones que motivaron la huelga que precedió a las muertes.
Si se cumple el calendario fijado, las conclusiones de las pesquisas se conocerán después de las elecciones primarias del CNA, a mediados de diciembre.
Se espera que Zuma sea reelegido en esos comicios, aunque podría tener que enfrentarse a un duro rival, el vicepresidente Kgalema Motlanthe, en momentos en que las autoridades del país africanos están alertas por las huelgas y sus consecuencias.
La protesta que comenzó en Marikana se extendió a otros yacimientos y llevó al presidente Zuma a alertar de una posible recesión por el impacto en la economía del país africano.
El sector minero sudafricano, que representa la mitad de las exportaciones del país, es clave en la economía nacional, ya que contribuye el 9% del Producto Bruto Interno (PBI), y el 19% si se incluyen las actividades anexas, como la industria automotriz.
Luego de finalizar hace diez días una extensa huelga en la mina de Marikana donde ocurrió la matanza policial, tras un acuerdo de aumento salarial con la británcia Lonmin, miles de trabajadores de minas de oro de la empresa AngloGold Ashanti comenzaron un paro la semana pasada.
La companía trasnacional, de capitales ingleses, estadounidenses y africanos, amenazó con suprimir empleos en Sudáfrica si las huelgas siguen perturbando su producción.
"Si las huelgas ilegales siguen, eso supone el riesgo de una reducción de efectivos prematuro en los sitios sudafricanos de AngloGold Ashanti", declaró el presidente de AngloGold Ashanti, Marck Cutifani, en un comunicado.
La semana pasada, AngloGold Ashanti afirmó que las huelgas, de las que participan unos 24.000 de sus 35.000 trabajadores, paralizaron por completo la extracción de oro en sus seis minas en Sudáfrica.
AngloGold Ashanti es la tercera mayor productora mundial de oro, y el metal que extrae de Sudáfrica representa alrededor del 32% de su producción global de casi 2 millones de onzas en la primera mitad del 2012.
Según analistas, los sucesos en las minas de Sudáfrica, el principal productor mundial de platino, se enmarcan en un creciente descontento entre las clases bajas, que ven que el fin del apartheid y el crecimiento de la economía beneficiaron a la minoría blanca y a la élite negra en el poder, mientras que la mayoría de la población sigue viviendo en la pobreza.
Fuente: Télam
