Con 11 votos en contra de los 40 senadores presentes, quedaron aprobadas las enmiendas a tres artículos de la Ley, enviadas ahora al Ejecutivo para su promulgación.
Cartes, quien asumió hace justo una semana, gestionó la modificación de la ley para poder utilizar a las fuerzas militares en el combate contra el grupo armado EPP sin necesidad de imponer un estado de excepción.
El EPP es un pequeño grupo armado que opera en zonas boscosas de los departamentos de Concepción y San Pedro, que ataca esporádicamente y que el gobierno anterior consideraba apenas una banda de criminales sin ideología política.
El último ataque de relevancia del grupo fue el sábado pasado, cuando mató a cinco guardias de seguridad de una hacienda ganadera de San Pedro, lo que elevó a unos 30 los muertos atribuidos a la organización, que anoche, además, baleó una comisaría de Arroyito.
Cartes resolvió de inmediato el envío de militares a la zona, para apoyar a la Policía, y gestionó a toda velocidad la introducción en el Legislativo de las enmiendas a la ley.
En el debate en el Senado, sólo se opusieron a la enmienda los bloques de grupos minoritarios de izquierda y centroizquierda, como el Frente Guasú (FG), cuya bancada encabeza el expresidente Fernando Lugo; Avanza País -una escisión del FG-; y los partidos Democrático Progresista y Encuentro Nacional.
Estos grupos propusieron que el Legislativo impusiera ahora el estado de excepción temporal, que también permite el uso de unidades de combate militares en la lucha contra el EPP, y hacer una reforma pausada de la ley y de las propias fuerzas de seguridad.
"Sacamos a un elefante a seguirle a una hormiga"Miguel López Perito
Del otro lado, senadores del oficialista Partido Colorado de Cartes y del ahora opositor Partido Liberal Radical (PLRA) consignaron que anteriores estados de excepción no sirvieron para acabar con el EPP, que fue calificado de "terrorista" por el nuevo Gobierno.
El Senado se movió en el tema en un tiempo excepcionalmente rápido, casi como en plazos express como cuando tuvo que decidir, en junio del año pasado, la destitución del entonces presidente Lugo.
El colorado Luis Castiglioni dijo que faltó "voluntad y coraje de las autoridades para actuar" en contra de este "grupo de facinerosos" que "ha decretado la guerra contra el Estado paraguayo", y llamó a "combatirlo y combatirlo con fuerza".
La también colorada Mirta Gusinsky, madre de Cecilia Cubas, asesinada en el 2004 por un grupo del que parece haber derivado el EPP, consideró a sus integrantes como "tentáculos de las FARC" colombianas.
Gusinsky aseguró que la ciudadanía paraguaya "clama por acabar" con el EPP y rechazó enérgicamente cualquier comparación de los poderes que ahora se otorgan al presidente Cartes con la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
En sus réplicas, el senador Eduardo Petta, de Encuentro Nacional, consideró "muy subjetivo dejarle al presidente de la República (decidir) qué es para él una amenaza", y Sixto Pereira, del FG, pidió a sus colegas no "hipotecar" la soberanía del Legislativo y reseñó la "historia trágica y negra de la dictadura" de Stroessner que tuvo "el control absoluto sobre los otros poderes" del Estado.
"Sacamos a un elefante a seguirle a una hormiga", advirtió Miguel López Perito, de Avanza País.
El abogado Martín Almada, representantes de las víctimas de la dictadura y uno de los descuibridores de los llamados "archivos del terror" de la dictadura, lamentó que la nueva legislación "convierte a todos los paraguayos en enemigos" potenciales y representa un "retroceso muy grande".
Fuente: Télam