El Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá resolvió que los acusados esperen en sus casas el juicio -programado para junio próximo- tras recibir un informe médico que dictaminó que los campesinos estaban "descompensados y con un alto riesgo de complicación clínica, de consecuencias impredecibles", según el fallo revelado por Morales.
La fiscalía, que hasta ahora se había opuesto al arresto domiciliario, apoyó la petición de la defensa. "El Ministerio Público no puede estar ajeno a que la vida humana de los mismos se encuentre en juego, independientemente de que esta circunstancia haya sido generada voluntariamente", aseveró, según consta en la resolución de esa corte.
Los detenidos están acusados de intento de homicidio por la muerte de los policías, pero no hay imputados por el fallecimiento de sus 11 compañeros en el choque
El tribunal revocó de ese modo el fallo que emitió el miércoles pasado, en el que negó el arresto domiciliario "al no determinarse enfermedad grave o terminal".
Los campesinos quedaron, sin embargo, en el hospital militar en el que estaban internados, y donde iniciaron una etapa de alimentación gradual bajo supervisión médica, señaló Morales.
El abogado agregó que permanecerán allí hasta que el Ministerio de Justicia tome una decisión al respecto, pese a que la defensa quiere su traslado a un hospital civil, y estimó que podrán volver a sus domicilios dentro de cinco a ocho días, una vez que se repongan de los efectos de la huelga de hambre.
Los acusados -Adalberto Castro, Néstor Castro, Felipe Benítez, Rubén Villalba y Arnaldo Quintana- decidieron declararse en huelga de hambre en protesta por su encarcelamiento debido a su presunta responsabilidad en la masacre de Curuguaty, ocurrida el 15 de junio de 2012.
Aquel día, un enfrentamiento entre campesinos y policías dejó 17 muertos, y ese hecho derivó en la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo una semana más tarde, al cabo de un juicio político singularmente breve.
Los imputados formaban parte de un grupo de campesinos que invadió una hacienda cuya propiedad se disputan el Estado y la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante miembro del Partido Colorado, actualmente en el poder.
Las ocuparon para forzar a que formaran parte de la reforma agraria, pero cuando efectivos policiales intentaron desalojarlos se produjo un enfrentamiento en el que murieron seis agentes y 11 campesinos.
Los detenidos están acusados de intento de homicidio por la muerte de los policías, pero no hay imputados por el fallecimiento de sus 11 compañeros en el choque, ocurrido en una zona rural del municipio Curuguaty, a unos 250 kilómetros al este de
Asunción.
"Me siento muy fortalecido; ha sido un pequeño paso, se hizo no más justicia", afirmó Morales, quien opinó que la presión internacional contribuyó a convencer a los jueces del tribunal de aceptar el arresto domiciliario de los campesinos.
Según el abogado, unas 70 organizaciones respaldaron una petición presentada por él ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que disponga medidas cautelares a favor de los campesinos con el argumento de que el proceso "está plagado de irregularidades".
La defensa alega, entre otras cosas, que durante la investigación desaparecieron pruebas tales como casquillos de balas de armas automáticas, que demostraban, en su opinión, que los disparos contra los policías no procedieron de las escopetas de
los labriegos.
La fiscalía, por su parte, niega que haya desaparecido ninguna evidencia.
La defensa solicitó a la CIDH la suspensión del juicio hasta que se determine la titularidad de las tierras en disputa, pues alega que no se puede acusar a los campesinos de invadir un inmueble ajeno si no está claro a quién pertenece.
Fuente: Télam
