El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, que cuenta con la policía como brazo ejecutor en sus investigaciones, estalló en diciembre pasado cuando la Fiscalía de Estambul anunció decenas de detenciones como parte de una operación anticorrupción de gran alcance que realizó en secreto durante meses.
Los hijos de los ministros de Interior, Economía y Urbanismos fueron arrestados en ese primer operativo. Los dos primeros quedaron detenidos con prisión preventiva, mientras que el tercero fue liberado por falta de mérito.
En los días siguientes, los ministros afectados y el titular de la cartera de Relaciones con la Unión Europea renunciaron, y otros seis miembros del gobierno fueron reemplazados.
Enfrentado al peor escándalo de corrupción de sus 11 años de mandato, el aún popular primer ministro Recep Tayyip Erdogan comenzó un contraataque contra las fuerzas policiales.
Un total de 1.700 agentes, entre ellos 200 mandos policiales, fueron ya relevados de sus cargos y trasladados a otras ciudades más pequeñas o transferidos a otros cargos de menor importancia política.
La mayoría eran oficiales de los departamentos especializados en terrorismo, inteligencia, crimen organizado, crímenes financieros, crímenes cibernéticos y contrabando. El oficial de mayor rango fue el jefe de la Policía de Estambul, Hüseyin Capkin.
Capkin fue relevado de su cargo dos días después que comenzó el megaoperativo anticorrupción y fue reemplazado por Selami Altinok, un ex gobernador de la provincia de Aksaray sin ningún tipo de experiencia en temas de seguridad, según denunció la oposición.
En medio de esta guerra de poderes declarada, el Ministerio del Interior lanzó una nueva ofensiva ayer a la medianoche al anunciar la destitución de 350 policias en Ankara, entre ellos 80 comisarios.
Horas después, en plena madrugada, la Fiscalía de la ciudad de Esmirna informó que había lanzado una nueva redada que había resultado en la detención de 25 funcionarios públicos en el marco de una investigación por actividades ilegales en el puerto de la provincia del mismo nombre.
La reacción oficial no se hizo esperar.
Al mediodía, la emisora local CNNTürk informó que los tres comisarios que habían sido responsable de esa operación en Esmirna fueron destituidos.
Antes del final del día, el gobierno de Erdogan lanzó otro duro golpe, esta vez a través del Consejo Supremo de Jueces y Fiscales, el máximo órgano judicial dominado por la influencia del Ministerio de Justicia.
Según informó el portal oficial de noticias, Hurriyet Daily News, la tercera Cámara del Consejo Supremo abrió una investigación contra el fiscal general de Estambul, Turan Colakkadi, su vice y el hombre encargado de supervisar a todos los fiscales del país, Zekeriya Öz, y el fiscal Muammer Akkas.
En lo que se interpretó como un intento por mostrarse neutral, la cámara también anunció que investigará la designación del nuevo jefe de policía de Estambul, una decisión muy cuestionada por la oposición.
Los detalles de la investigación anticorrupción que conducen las Fiscalías de las principales ciudades del país no se conocen. Versiones periodísticas locales, basadas en documentos de los fiscales filtrados, apuntan a una red de sobornos relacionada a proyectos inmobiliarios y al comercio de oro con Irán.
El primer ministro, sin embargo, negó todos los rumores.
Según el popular líder, la avanzada judicial esconde un "complot" desestabilizador orquestrado por Fethullah Gulen, un influyente clérigo y teólogo musulmán, exiliado en Estados Unidos.
Hace diez años Gulen y Erdogan eran aliados, pero las recientes críticas del líder religioso a la política exterior del gobierno de Erdogan y la ofensiva de éste último para cerrar la red de escuelas privadas que su antiguo aliado tiene a lo largo y ancho de Turquía los convirtió en enemigos acérrimos.
Gulen dirige una red mundial de escuelas privadas llamada Hizmet (Servicio) y, según denunció Erdogan en los últimos días, a través de ella ha conseguido ampliar su red de influencia en gran parte de Turquía y especialmente dentro del Poder Judicial y las fuerzas policiales.
El premier la calificó como "un Estado dentro del Estado" y prometió erradicarla.
Fuente: Télam
