El llamado Programa de Protección al Empleo (PPE), un decreto ejecutivo firmado por la presidenta Dilma Rousseff, busca ayudar a sectores que, como el automotor, en los últimos meses, ante la fuerte caída de la demanda, han despedido a miles de empleados para reducir su producción.
La norma autoriza a empresas que enfrenten dificultades financieras temporales a reducir la jornada de trabajo de sus empleados hasta en un 30%, con la consecuente reducción del salario en el mismo porcentaje, con el fin de reducir la producción sin tener que despedir trabajadores.
El Estado, por intermedio del oficial Fondo del Amparo al Trabajador, subsidiará al empleado afectado con el pago de hasta la mitad del valor de la pérdida salarial.
Pese a que entrará en vigor este mismo lunes por contar con la firma de la jefe de Estado, la medida aún tendrá que ser analizada y aprobada por el Congreso, que le puede introducir modificaciones y hasta vetarla.
La legislación especial regirá hasta el 31 de diciembre de 2016, para cuando el Gobierno considera que estará superada la actual coyuntura económica negativa y el país estará creciendo nuevamente, tras la contracción de hasta el 1,50 % esperada para este año.
Además de la contracción económica y de una posible recesión este año, Brasil sufre con la mayor inflación interanual en la última década, las mayores tasas de intereses en diez años, una fuerte reducción del consumo y las ventas, y un creciente desempleo.
El aumento del desempleo y de la inflación, junto con el encarecimiento del crédito, ha obligado a las familias a reducir el consumo y ha provocado una caída de la demanda en varios sectores.
El secretario general de la Presidencia, Miguel Rossetto, en una rueda de prensa que concedió en la sede del Palacio de Planalto para detallar la medida, aseguró que el Gobierno creó un grupo interministerial para determinar cuáles sectores podrán flexibilizar las jornadas y los salarios.
Fuente. diario26.com
