La organización defensora de los derechos humanos señala, por una parte, que la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras "es defectuosa y se aplica con mucha lentitud, habiéndose cubierto solamente una pequeña parte del territorio", y por otro que el Ejecutivo no está haciendo lo suficiente para atajar los peligros que afrontan las pocas personas que intentan volver a sus antiguos hogares.
"¿Cómo puede esperarse que estas personas vuelvan a sus hogares sabiendo que pueden enfrentarse con la misma gente que les echó de sus tierras y mató a sus familiares y amigos?", se preguntó el especialista en Colombia de AI, Marcello Pollack, citado por EFE.
Reseñó que "Colombia tiene uno de los índices de desplazamientos forzosos más altos del mundo y está claro que las autoridades no están haciendo lo suficiente para garantizar que las tierras robadas sean devueltas a sus verdaderos ocupantes".
"Entregar un título de propiedad y enviar a la gente a su casa no es suficiente. Las autoridades colombianas deben acelerar el proceso burocrático y garantizar seguridad física y financiera a los que retornan", según Pollack.
"Colombia tiene uno de los índices de desplazamientos forzosos más altos del mundo y está claro que las autoridades no están haciendo lo suficiente"
Un 13 % de la población colombiana, en su mayoría agricultores, indígenas y descendientes de africanos, fueron desplazados de sus hogares en las cinco décadas de conflicto armado, principalmente por paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado, denuncia AI.
En su réplica, los titulares de Agricultura, Defensa e Interior de Colombia resaltaron la complejidad del proceso de restitución de tierras sin que exista paz y rechazaron que haya ineficacia gubernamental.
En un texto conjunto, los ministros de Agricultura, Aurelio Iragorri; de Defensa, Juan Carlos Pinzón; y de Interior, Juan Fernando Cristo, remarcaron que Colombia "es el único país en el mundo que ha asumido el reto de restituir tierras en medio del conflicto armado" y detallaron que "el 100 % de las familias que han vuelto a sus tierras se mantienen en ellas", lo que demuestra que "existen garantías para un retorno seguro y sostenible".
"El pronunciamiento (de AI) desconoce que los procesos de restitución de tierras se iniciaron en Colombia sin que haya cesado el conflicto armado interno, lo que evidentemente dificulta que los procesos avancen de manera efectiva en todo el territorio nacional", apuntó Pinzón.
En el aspecto de la seguridad para quienes retornan, aseguró que hasta la fecha "se han capacitado más de 12.000 miembros de la Fuerza Pública comprometidos con los procesos de restitución de tierras".
Iragorri, por su parte, afirmó que la devolución de terrenos "no había sido enfrentado antes con tanto compromiso", y sentenció que el modelo colombiano es un "ejemplo internacional en administración de justicia para el campo", mientras que Cristo consideró que los obstáculos que pudiera enfrentar la norma "ya han sido superados".
El texto gubernamental señala que en 3 años se devolvieron 84.516 hectáreas (algo que AI contrasta con las ocho millones usurpadas para decir que apenas se ha restituido el 1 % del total) y que los jueces deben dictar sentencia sobre otras 300 mil hectáreas.
Finalmente, el Ejecutivo negó que no ofrezca asistencia financiera a los retornados, porque los campesinos "han recibido ayudas para proyectos productivos por más de 25.000 millones" de pesos colombianos (unos 11,5 millones de dólares).
Fuente: Télam
