El caso de corrupción en la estatal se reavivó hoy cuando la Policía Federal llevó a declarar en calidad de "detenido temporal" a João Vaccari Neto y con allanamientos y la ampliación de las investigaciones a una subsidiaria de la petrolera estatal.
Vaccari Neto es el primer político que presta declaración trasladado por la fuerza pública, y fue indagado en la Policía Federal en San Pablo durante casi tres horas, aunque después fue puesto en libertad porque no ha sido imputado por ningún delito.
El operativo incluyó, además, otras 21 órdenes de arresto temporal, producto de las informaciones recabadas mediante acuerdos de delación premiada (información de arrestados a la Fiscalía a cambio de una reducción en la pena) alcanzados con ex directores de Petrobras y con empresarios ya detenidos en el marco de las investigaciones.
En una rueda de prensa hoy en la ciudad de Curitiba, el fiscal Carlos Fernando Lima dijo que el Ministerio Público llamó a Vaccari Neto ante las sospechas de que tiene "informaciones sobre donaciones que él pidió -legales o ilegales- a personas que mantenían contratos con Petrobras".
El tesorero del PT fue señalado como uno de los operadores de la trama de corrupción por al menos dos de los detenidos, entre ellos el ex gerente ejecutivo de Ingenería de Petrobras, Pedro Barusco Filho.
En un testimonio a la Justicia realizado en noviembre pasado y divulgado hoy, Barusco Filho afirmó que el PT recibió entre 150 millones y 200 millones de dólares en donaciones ilegales desviadas de los 90 más importantes contratos firmados por Petrobras.
El ex gerente agregó que los pagos irregulares se prolongaron hasta febrero de 2014, y sostuvo que Vaccari Neto participó en un acuerdo para la firma de contratos por 22.000 millones de dólares con astilleros brasileños e internacionales, para la construcción de buques equipados con sondas de prospección de petróleo.
Entre las órdenes de arresto temporal también figuran diez empresarios que son sospechosos de blanqueo de dinero y de servir de intermediarios para el pago de los sobornos.
Además, como parte del operativo denominado Lava Jato, la Justicia emitió 40 órdenes de búsqueda de pruebas en las residencias de los sospechosos y en la sede de 26 empresas, la mayoría sociedades ficticias, en cuatro estados brasileños.
Las investigaciones se extendieron a BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera que administra cerca de 7.500 estaciones de servicio en todo Brasil. Según el fiscal, el pago de sobornos de las empresas investigadas a los ejecutivos de BR Distribuidora se produjo hasta fechas "muy recientes", a finales de 2014.
En este marco, hoy la Cámara de Diputados abrió una nueva comisión para investigar a Petrobras, que tendrá amplios poderes, que incluyen la citación a declarar y la supresión del secreto bancario, fiscal y telefónico de los imputados.
La comisión, al igual que otras dos que investigaron el caso el año pasado y que terminaron sin resultados relevantes, estará compuesta por partidos afines al gobierno y por la oposición.
Cuatro días después de ser electo presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aprobó la creación de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para seguir las averiguaciones realizadas por la Policía sobre los casos de corrupción en la petrolera.
La solicitud fue presentada por el líder de la bancada del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Carlos Sampaio, y ayer se completaron 182 firmas para crear el grupo parlamentario, un poco más de las 171 necesarias.
En cuanto a su composición, los partidos que apoyan a Rousseff tienen la prerrogativa para ocupar los puestos claves, el de presidente y el de relator, que ejerce un papel similar al de un juez instructor.
El plazo para la postulación de los integrantes de la comisión estará abierto desde hoy, y el líder del PT en la Cámara baja, el diputado Sibá Machado, dijo que su partido buscará la presidencia de la comisión.
En tanto, desde el gobierno, el ministro de las Relaciones Institucionales, Pepe Vargas, indicó que la nueva CPI no preocupa a la administración de Rousseff y recordó que los órganos de investigación del propio Estado brasileño están funcionando.
La semana pasada, Petrobras reconoció que debido a la corrupción y otras deficiencias de gestión, 31 de sus activos fueron sobrevalorados en 88.600 millones de reales (unos 34.500 millones de dólares).
Ese valor se refiere a contratos con constructoras y proveedores firmados entre 2004 y 2012, por lo que el cálculo de las pérdidas generadas por la corrupción podría elevarse conforme avancen las investigaciones.
La crisis forzó a Rousseff a aceptar ayer la dimisión de la presidenta de Petrobras, María das Graças Foster, con quien mantiene una larga amistad, y de la mayoría de la dirección de la empresa, cuyos sustitutos serán anunciados mañana.
La pérdida de credibilidad por el escándalo de corrupción le generó a la empresa, la mayor de Brasil, grandes problemas para captar fondos en los mercados internacionales, por lo que se ha visto obligada a reducir al mínimo sus inversiones para los próximos años.
Los inversores también castigaron a la empresa en la bolsa y Petrobras, que hace pocos años era la mayor compañía de América Latina, perdió un 58% de su valor en cuatro meses.
Fuente: Télam
