La abrumadora y sorpresiva presencia de la Policía impidió hoy toda resistencia y el fiscal reveló que se realizaba la operación a pedido de una sociedad anónima, cuyos detalles no reveló, sin tener en cuenta la presencia de los campesinos en el lugar hace más de 12 meses.
Informes policiales citados por el sitio del diario Ultima Hora revelan que los campesinos construyeron unas 180 pequeñas viviendas con paredes de madera, techos de paja y tablas, con pequeñas plantaciones en el lugar.
Sin embargo, paralelamente, otros 600 campesinos comenzaron a reagruparse cerca de la hacienda Marina Cué, cortaron en forma intermitente el tránsito por las vías cercanas y anunciaron que volverán a ocupar esta semana el escenario del sangriento desalojo.
Los dirigentes campesinos apuntaron que esas protestas continuarán hasta que sean liberados sus compañeros presos y se entregue a las familias sin tierras unas 2 mil hectáreas pertenecientes al Estado y ocupadas ilegalmente por latifundistas.
Otros focos de tensión se registran en varias vías del departamento de Canindeyu, al que pertenece Curuguaty, por la presencia de centenares de campesinos que cierran el tránsito a los autos, ómnibus y vehículos de carga, reportó la agencia Prensa Latina.
En este caso, se trata de beneficiarios del programa social Tekoporá, creado durante el gobierno del destituido Fernando Lugo, que asignó una pensión a madres solteras con la condición de cumplir estrictamente con la educación escolar de sus hijos. Los manifestantes denuncian varios meses de atraso en el pago.
Fuente: Télam
