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Viernes 19 de Abril de 2024
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Devuelven 14.400 hectáreas a una comunidad indígena paraguaya

El Senado de Paraguay aprobó hoy la expropiación de tierras que reclama una comunidad que fue expulsada por un terrateniente alemán, condenado por estafa en su país, en una medida que responde a un fallo del 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los senadores dieron el visto bueno mayoritario a la iniciativa -que ahora pasa a Diputados-, respaldada por oficialistas colorados, liberales y centroizquierdistas.

La comunidad Sawhoyamaxa, perteneciente al pueblo Enxet, del llamnado Chaco paraguayo, lucha desde hace 23 años por recuperar las tierras de las que fueron expulsados por el terrateniente de origen alemán Heribert Roedel, quien tiene en la zona cerca de 60 mil hectáreas y que fue condenado por estafa en su país.

"Es un día especial para nosotros; hemos recorrido 23 años de lucha y de reclamar. Varios miembros de la comunidad fallecieron por el camino, no aguantaron la lucha", explicó a la agencia EFE Leonardo González, uno de los líderes de la comunidad.
"Es un día especial para nosotros; hemos recorrido 23 años de lucha y de reclamar. Varios miembros de la comunidad fallecieron por el camino, no aguantaron la lucha" Leonardo González, líder de la comunidad



En 2006, la Corte IDH sentenció que en 3 años el Estado paraguayo debía restituir esas tierras, en manos de Roedel, pero escrituradas a nombre de las empresas Kansol SA y Roswell SA.

Formalmente, el proyecto pasa las 14 mil hectáreas al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para su posterior adjudicación a la comunidad Sawhoyamaxa.

Unas 150 familias nativas reclaman el título de propiedad de las tierras, ubicadas en el kilómetro 370 de la ruta Coronel Rafael Franco, que va de Concepción a Pozo Colorado. La propiedad está dividida por la ruta: 11 mil hectáreas de un lado y 3 mil del otro.

Según sitios de diarios asunceños, durante las presidencias de Fernando Lugo y Federico Franco se intentó negociar la compra de las tierras, pero no se llegó a un acuerdo.

Además de la devolución de las tierras, la sentencia de la Corte IDH obliga al Estado a dar asistencia en materia de salud y educación y un subsidio de 980 mil guaraníes para que la comunidad ponga en marcha proyectos de desarrollo.

Fuente: Télam

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