Rivera será el juez que entenderá en el caso de Gutiérrez, así como en los de tres familiares de ella, recordó el caso de Enrique Flores Lanza, acusado de corrupción durante su gestión como ministro de la Presidencia durante el gobierno del mandatario Manuel Zelaya, derrocado en 2009.
Flores Lanza huyó a Nicaragua hace tres semanas, después de haber dicho que respondería ante los tribunales.
Rivera explicó que si los acusados por el supuesto fraude a la salud pública se presentaran a declarar, no se los va a capturar porque estarán cumpliendo con su deber de responder ante los tribunales.
La vicepresidenta del parlamento, dos hermanos suyos y el padre de los tres, Marco Tulio Gutiérrez, así como otras 12 personas, están acusados de delitos contra la salud pública, fraude y falsificación de documentos públicos.
La prensa local vincula a la familia Gutiérrez con una droguería sospechada de haber vendido al Estado medicamentos de mala calidad, lo que fue rechazado por la legisladora, que pertenece al Partido Nacional gobernante.
La diputada aseguró la semana pasada que en 2009 vendió sus acciones en esa empresa y se desligó de ella, así como que su familia no cometió delito alguno y que ella y sus parientes se presentarán ante los tribunales para demostrarlo.
Las autoridades hondureñas investigan otros casos de corrupción registrados en los últimos ocho años que salpican a políticos, funcionarios de los últimos tres gobiernos, empresarios y periodistas, entre otros.
El caso más sonado es un millonario fraude al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que provocó un repudio generalizado y la exigencia de varios sectores del cese a la corrupción y la impunidad, y la renuncia de los presidentes de los tres poderes del Estado y del fiscal general.
En ese contexto, el Partido Liberal condicionó su participación en el diálogo convocado por el gobierno para enfrentar los escándalos de corrupción a la creación de una comisión contra la impunidad de la ONU similar a la que funciona en Guatemala.
La creación de ese grupo del estilo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) viene siendo reclamada por los "indignados" que se movilizan desde hace varias semanas con tres jóvenes en huelga de hambre, a la que hoy se sumaron siete indígenas.
El PL se sumó así a la postura adoptada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), la principal fuerza de oposición, y sumó además el pedido de renuncia del fiscal general y su adjunto "para garantizar la seguridad jurídica y la independencia de los poderes del Estado".
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Fuente: Télam
