El proyecto que se aprobó presentaba unos 100 cambios con respecto al que envió el Ejecutivo a comienzos de año, con los que "se buscó perfeccionar el instrumento sin modificar los objetivos sustanciales", dijo Carlos Varela a Télam.
Esos cambios se refieren principalmente e cuestiones de instrumentación y horarios de emisión de imágenes violentas en noticieros.
El proyecto considera como "elemento esencial" la creación de una nueva oficina regulatoria de la actividad audiovisual, con autonomía y potestades específicas con la que se haga posible el "cumplimiento eficiente" de sus cometidos.
Entre las modificaciones, se aprobó incorporar un cambio en los horarios de protección al menor, en atención a la recomendación del relator de Naciones Unidas sobre libertad de expresión, Frank La Rue. La disposición original establecía que en el horario de 6.00 a 22.00 los medios no podían emitir imágenes con "violencia excesiva".
Ahora, la norma incorporó un párrafo que establece que "en programas informativos, cuando se trate de situaciones de notorio interés público, excepcionalmente podrán incluirse imágenes de violencia excesiva", siempre y cuando se incluyan "avisos explícitos para prevenir la exposición del público infantil" a estas imágenes.
Otra modificación relevante se realizó en las disposiciones sobre publicidad infantil, que habían sido cuestionadas por la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, por la que se eliminó la prohibición de que aparecieran "figuras, muñecas y similares que son elementos importantes en programas infantiles" en la publicidad dirigida a niños.
Además, de acuerdo al texto al que accedió Télam, se eliminó una disposición que establecía que no se podría "dar la impresión de que la posesión, uso o consumo de un producto concederá al niño, niña o adolescente ventajas físicas, sociales o psicológicas sobre otros", así como la prohibición de "promover roles estereotipados".
En este sentido, la norma que se discutirá establece la creación de un "Consejo de Comunicación Audiovisual" (CCA), con el objetivo de "proponer, implementar, monitorear y fiscalizar el cumplimiento de las políticas" vinculadas a los medios electrónicos, y a su vez se consagra, con rango legal, un ámbito de participación social.
El proyecto dispone que estos servicios son de "interés público", por lo que "es deber del Estado asegurar el acceso universal a los mismos, contribuyendo de esta forma a la libertad de información, la inclusión social, la no discriminación, la promoción de la diversidad cultural, la educación y el esparcimiento".
Uno de los pilares de la ley es la definición sobre monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los servicios de comunicación audiovisual que "conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de las personas".
Por ello, "es deber del Estado instrumentar medidas adecuadas para impedir o limitar la formación de monopolios y oligopolios privados, así como establecer mecanismos para su control", señala el texto.
Además, la iniciativa establece cuotas mínimas de producción nacional en pantalla, la obligatoriedad de que los canales cedan espacios gratuitos en épocas electorales y expresa que las empresas telefónicas no podrán explotar ondas de radio ni de televisión.
Otro importante cambio propuesto es "la plena transparencia en el proceso de concesión de autorizaciones y licencias para ejercer la titularidad de los SCA" que propone el proyecto, por el que también se busca limitar la concentración de estos medios.
Fuente: Télam
