Como en la consulta autonómica realizada en Santa Cruz el 4 de mayo pasado, y la última que se realizará en Tarija el 22 de junio, el gobierno boliviano sostiene que los referendos de Beni y Pando son ilegales, mientras los prefectos (gobernadores) opositores de esos cuatro departamentos (provincias), buscan sumar fuerzas para su disputa con el poder central.
Comunidades indígenas, sobre todo en el interior de Beni y Pando, impidieron en varios lugares el ingreso de ánforas (urnas) y material electoral con fuertes incidentes en Filadelfia, un pueblo pandino próximo a la frontera con Beni, donde el jueves hubo 30 heridos.
En Pando, un departamento de apenas 72.000 habitantes y un padrón de algo menos de 30.000 personas, cuyo 80% de la población rural es inmigrante de la parte andina, 12 de los 15 alcaldes llamaron a la abstención, según informaron las agencias italiana de noticias ANSA, Boliviana de Información (ABI) y el diario digital Erbol.
En Pando llamaron a la abstención los alcaldes de Cobija; Puerto Rico; Villa Nueva; Filadelfia; Bella Flor; Gonzalo Moreno; Ingavi; Nueva Esperanza; San Pedro; Santos Mercado; Santa Rosa y El Sena.
En Beni, una provincia fundamentalmente ganadera con 422.000 habitantes y un padrón de algo más de 150.000 personas, su prefecto, Ernesto Suárez, sostuvo en el cierre de campaña que "nadie nos para el domingo. Todos votaremos por el Sí a la autonomía para romper definitivamente las cadenas del maldito centralismo que nunca nos dio nada".
Pero en este departamento, la directora del Servicio Departamental de Educación (Seduca), Elva Navia Gómez, prohibió el uso de escuelas para la consulta por el estatuto autonómico del 1 de junio por ser ilegal y, por lo tanto, "incompatible" con las actividades educativas.
Aunque en Beni habitan 18 de las 37 naciones indígenas de Bolivia, la mayoría de esos pueblos no supera las 5.000 personas, por lo que su peso específico en la votación es bajo.
Los prefectos de Beni y Pando, con el abierto apoyo económico de Santa Cruz a sus campañas, esperan obtener guarismos similares a los de aquel departamento, donde el estatuto autonómico fue aprobado por el 85 por ciento de los votos, contra un 15 que lo rechazó, pero con un nivel de abstencionismo del 40 por ciento.
Por su parte, el jefe del Movimiento Amazónico de Renovación (MAR) de Pando, Miguel Becerra, aseguró que el prefecto Leopoldo Fernández en complicidad con la Corte Departamental Electoral (CDE), "preparan un fraude electoral".
El dirigente de la fuerza a la que también pertenece el alcalde de Cobija, aseguró que los resultados de la consulta, que no serán supervisados por ninguna autoridad nacional ni observadores internacionales, "ya están definidos por la prefectura y el organismo electoral".
En ese marco, el presidente Morales participó el viernes de un acto en Cobija en el que entregó ambulancias para el departamento y planes de forestación, según precisó su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El gobierno de Morales, por otra parte, insiste en un diálogo para la "reconciliación nacional" con la oposición política y regional, a la que hasta ahora sólo concurrieron dos de los tres partidos que lo enfrentan, cinco de los prefectos del país, pero no los opositores de la "media luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando).
El planteo del gobierno es la revisión de la nueva Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente y rechazada por la oposición y también de los estatutos autonómicos para su "compatibilización" con ese texto constitucional.
Los prefectos de la media luna ya plantearon que sólo se sumarán a ese diálogo con el gobierno después de realizar la última de las consultas autonómicas, la de Tarija.
Pero el principal partido de oposición Poder Democrático y Social (Podemos) sorpresivamente destrabó el 8 de mayo la convocatoria a referendos "revocatorios" de los mandatos del presidente y vice, y de todos los prefectos, con lo que produjo una fractura entre los detractores de Morales.
El mandatario boliviano, por su parte, espera ser ratificado en esa consulta popular y ver expulsados de sus cargos a dos o tres de sus adversarios en las regiones, entre ellos los de La Paz (José Luis Paredes) y de Cochabamba (Manfred Reyes Villa), según la mayor parte de los observadores políticos locales.(Telam)
