Pero luego de un año de investigación judicial, dentro de la que se logró capturar por separado a los dos presuntos asesinos, la fiscal Patricia Larrota reveló los detalles que arrojaron las pesquisas, al imputarles este martes los cargos de homicidio y porte ilegal de armas.
Los dos religiosos, que sostenían una estrecha amistad, pagaron a los que serían sus verdugos 15 millones de pesos (algo más de 8.000 dólares), de acuerdo con la investigación.
Días antes de tomar esa decisión, los clérigos intentaron suicidarse lanzándose en un automóvil a un precipicio en una ruta de la provincia de Santander, pero vieron frustrado ese intento por las barandas de seguridad, siempre según la investigación de la Fiscalía.
"Los sacerdotes manifestaron que ellos iban a pagar su muerte, porque ellos ya habían tomado muchas opciones", dijo la fiscal Larrota ante el juez al leer apartes de la declaración de los sicarios a la Fiscalía.
"Respecto al padre Rafael Reátiga Rojas, la prueba preliminar dio positivo. Esto es, que efectivamente el padre tenía el síndrome de inmunodeficiencia humana (VIH)", dijo la fiscal para sustentar la hipótesis de que esta razón habría llevado a los sacerdotes a pactar su muerte y pagar por ella.
Además la fiscal dijo que la investigación arrojó que Reátiga frecuentaba un reconocido bar gay de Bogotá.
Fabiola Píffano, hermana del otro sacerdote, rechazó el resultado de la investigación, y aseguró a la prensa que se trata de "calumnias".
La investigación, que se inició rastreando las llamadas de los teléfonos móviles de los dos sacerdotes, además arrojó que éstos sostenían una estrecha amistad desde hacía varios años, y ambos habían realizado estudios de bioética.
Hasta ahora ningún jerarca de la Iglesia católica ha declarado sobre el caso de estos dos sacerdotes, que al momento de su asesinato se desempeñaban como párrocos en dos sectores distintos del sur de Bogotá, donde eran muy queridos por los feligreses, según manifestaron estos tras el crimen. infobae.com
