El grupo armado separatista responsabiliza directamente al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y al mandatario francés, Francois Hollande, de "la dispersión, el aislamiento y los castigos que sufren los presos".
Y concretamente de las muertes de Xabier López Peña, alias Thierry, considerado el ex jefe del aparato político de la organización, y de Ángel Figueroa, un etarra que cumplía prisión atenuada por enfermedad.
Thierry falleció el pasado 30 de marzo en un hospital de París por problemas cardiovasculares, mientras Figueroa murió el 14 de marzo en su casa de Getxo, en el País Vasco.
Según la organización separatista, la muerte de estos dos militantes son "las expresiones más extremas de esa política de venganza".
"Mantienen sin cambios las medidas penitenciarias para dejar sin recorrido el proceso de resolución, además de generar sufrimiento", indica el texto del grupo armado.
ETA considera que España y Francia "actúan como si no se hubiera producido ningún cambio significativo en la situación política, tratando de poner la responsabilidad del bloqueo sobre los hombros de la izquierda abertzale (independentista)".
Además, enuncian al Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna la norteña región con aspiraciones separatistas, de "ofrecer total lealtad" al gobierno español en este asunto.
En octubre de 2011 ETA ordenó el cese definitivo de su actividad armada en la lucha por un Estado vasco independiente de España tras más de 50 años de atentados que dejaron unos 850 muertos.
ETA considera que tras la Conferencia de Aiete y el cese de la actividad armada, "el siguiente paso lógico" sería el traslado de los presos al País Vasco "y la superación de las medidas de excepción", en referencia a la política penitenciaria.
"Es un momento crucial. Para superar un conflicto de siglos, no se puede ser mero espectador", concluyen.
El reclamo de un cambio de la política penitenciaria, que se basa en la dispersión de presos etarras en cárceles alejadas del País Vasco, es una bandera histórica de ETA y siempre contó con un gran respaldo popular, más aún después del cese de la actividad armada.
Los sucesivos gobiernos españoles utilizaron la política penitenciaria como un instrumento de la "lucha antiterrorista" y la han ido flexibilizando puntualmente, a veces forzados por la situación humanitaria de los presos y la presión social, aunque no se dieron grandes pasos en términos políticos y en un marco de un proceso de resolución de conflictos.
Fuente: Télam