Francisco había hecho una exhortación similar el 29 de octubre pasado, también durante la audiencia general que usualmente concede los días miércoles en la plaza San Pedro del Vaticano.
Asimismo, la agencia noticiosa alemana DPA atribuyó al Papa haber considerado muertos a los estudiantes -que legalmente están desaparecidos- y relacionado el caso con el narcotráfico.
"Quiero de alguna manera expresar a los mexicanos, a los aquí presentes y a los que están en la patria, mi cercanía en este momento doloroso de legal desaparición, pero, sabemos, de asesinato de los estudiantes", afirmó DPA que dijo Francisco.
"Se hace visible la realidad dramática de toda la criminalidad que está detrás del comercio y tráfico de drogas", agregó, según esas declaraciones que no reprodujo ninguna otra agencia internacional de noticias.
Por otra parte, el gobierno de México suscribió un convenio con la CIDH para que este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) le brindará "asistencia técnica" para "fortalecer capacidades" en la búsqueda de los 43 alumnos desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado, informó la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), Mariana Benítez.
Ese convenio fue anticipado ayer a familiares de los estudiantes desaparecidos por el secretario de Gobernación (ministro del interior), Miguel Osorio, y el titular de la PGR, Jesús Murillo.
En la reunión, celebrada en Chilpancingo, capital del estado Guerrero, Osorio "indicó que la búsqueda de los alumnos no localizados se redobla y añadió que las fuerzas federales continuarán trabajando sin escatimar recursos tecnológicos y humanos", indicó un comunicado oficial.
Por otra parte, México pidió a la ONU "un esquema de asistencia técnica para garantizar la transparencia en las investigaciones".
Lo hizo mediante una visita del subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Gómez Robledo, al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en Ginebra, reportó la cancillería mexicana.
Asimismo, la PGR anunció que hoy enviaría a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para su posible identificación genética, las primeras muestras de los restos humanos calcinados hallados en un basural del municipio guerrerense Cocula y que se presume que podrían pertenecer a algunos de los alumnos desaparecidos.
El hallazgo de esos restos, a partir de la supuesta confesión de tres miembros de la organización criminal Guerreros Unidos, fue revelado el viernes pasado por Murillo, quien no obstante aclaró que los estudiantes siguen siendo considerados desaparecidos mientras no haya prueba científica de que fallecieron.
Los 43 jóvenes, alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, cuando policías de ese municipio y del vecino Cocula, junto a miembros de Guerreros Unidos, atacaron a un grupo de estudiantes y otro de futbolistas juveniles, dejando además seis muertos y 25 heridos.
El caso originó protestas cotidianas en varias ciudades de México. En la más violenta de las que se registraron hoy, unos 600 militantes de organizaciones de docentes y estudiantes ingresaron al edificio del Congreso de Guerrero, en Chilpancingo, donde causaron destrozos en instalaciones y, en el estacionamiento, quemaron al menos cinco automóviles y rompieron otro.
También se produjeron manifestaciones y bloqueos de rutas y avenidas en otras zonas de Guerrero y de los estados vecinos Michoacán -donde se realizaron bloqueos intermitentes del aeropuerto de la capital, Morelia- y Oaxaca, y anoche se encendieron velas en diversos sectores del Distrito Federal.
El caso resonó también en Amsterdam, donde el seleccionado de fútbol de México derrotó 3-2 al de Holanda en un partido amistoso en el que, sobre el final del primer tiempo, simpatizantes mexicanos agitaron pañuelos, exhibieron pancartas y gritaron "Justicia, justicia" en homenaje a los jóvenes desaparecidos.
En tanto, un tribunal denegó un recurso de amparo presentado por la defensa de María de los Ángeles Pineda contra su detención e incomunicación.
Pineda es la esposa de José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala en el momento de la desaparición de los estudiantes. Desde esa noche ambos estuvieron prófugos hasta que hace ocho días fueron capturados en el Distrito Federal.
Abarca está sospechado de haber ordenado aquella noche la detención de los estudiantes y tanto él como Pineda, de mantener vínculos con organizaciones criminales.
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Fuente: Télam
